18 de septiembre de 2016
18.09.2016
Sanidad

El Consell crea una comisión para verificar que Ribera Salud devuelve Alzira "en condiciones"

La reversión de instalaciones y equipamiento debe hacerse el 31 de marzo de 2018 «en adecuado estado de conservación»

18.09.2016 | 04:15

La Conselleria de Sanidad no ha esperado demasiado a formalizar lo que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció el miércoles en las Corts: el inicio inmediato del proceso para que el departamento de salud de la Ribera (el primero de los hospitales y que da nombre al modelo Alzira) vuelva a ser de gestión pública a partir del 31 de marzo de 2018. La notificación oficial de que la administración no iba a aprobar la prórroga de 5 años establecida en el contrato suscrito en 2003 con la adjudicataria Ribera Salud se envió este viernes 16 de septiembre con las firmas del subdirector general de Recursos Económicos José Luis Sanchís y de Justo Herrera, director general de Recursos Humanos y Económicos de la casa.

En ella se recuerda que, una vez concluido el contrato y extinguidos sus efectos, el servicio al completo «revertirá a la administración», lo que incluye la propiedad del hospital de Alzira «libre de cargas» junto a todo su equipamiento, así como todos los centros de salud del área que estaban siendo gestionados por la empresa Ribera Salud.

La notificación, que se adelanta seis meses a lo que establecen las condiciones pactadas en su día, incluye sin embargo la creación de una comisión que va a ser clave en los próximos meses: los responsables de la administración que han de verificar y velar por que la empresa dirigida por Alberto de Rosa devuelva tanto el hospital de Alzira como el resto de centros de salud y servicios en perfecto estado de revista.
No es una condición nueva. En las cláusulas que ambas partes firmaron en 2003 se establece que antes de la finalización del contrato de 15 años la administración «dispondrá las normas» para recibir tanto el centro hospitalario construido por la firma privada como el resto de equipamiento sanitaria y el personal «así como verificará el estado de cada una de las instalaciones, edificios y equipamientos». Según lo estipulado en el pliego de cláusulas, el plazo para hacerlo es «un año antes» del final del contrato, con lo que la Conselleria de Sanidad se asegura otro medio año más de plazo para realizar estas comprobaciones.

Esta comisión de expertos –de la que formarán parte varios subdirectores de la conselleria además del comisionado para la concesión de la Ribera– deberá ahora confirmar sobre el terreno que tanto instalaciones como equipamiento están «al mismo nivel de calidad y con las mismas condiciones técnicas que se está prestando en la actualidad». La administración tiene además la potestad en estos meses de exigir a la concesionaria la «reparación o reposición en su caso» si cualquiera de los bienes –muebles o inmuebles– no está en condiciones.

La notificación (sucinta, de apenas cinco páginas y una más con el sello de salida de la Conselleria de Sanidad) no debe haber pillado por sorpresa a los responsables de Ribera Salud, ni por los tiempos –largamente anunciados– ni por el contenido que se ciñe escrupulosamente a lo pactado en su día. Con todo, fuentes de la empresa sí demandaron esta semana al Consell tras el anuncio de Puig «transparencia» para hacer públicas las diversas auditorías que se han venido realizando de los centros privados tras la puesta en marcha del Pacte del Botànic para ratificar que, efectivamente, esta decisión se toma en base a cuestiones objetivas de funcionamiento y no meramente ideológicas.
Este posicionamiento es compartido por formaciones políticas como Ciudadanos que ya en diciembre del año pasado presentaron una proposición no de ley para realizar auditorías externas a los hospitales públicos y ahora han recordado que la decisión del Consell sobre la reversión de Alzira, uno de los pilares del Pacte del Botànic, debe estar sustanciada.

Desde la Conselleria de Sanidad se insistió ayer en que habrá respuesta a estas peticiones y, pese al evidente retraso en dar cuenta de los análisis por unidades que se han realizado a las concesiones, los resultados llegarán «y se harán públicos». Tanto la Sindicatura de Greuges como la Intervención General habían asumido también el compromiso de auditar esta gestión privada que ahora se enfrenta al principio de su fin.

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