Los juzgados de la Comunitat Valenciana tramitan actualmente 250 causas de especial complejidad relacionadas con la corrupción. En la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se incoaron 72 procedimientos contra aforados, un 3 % más que en 2015. Pero la justicia sigue con la misma falta de medios. Es el particular «Día de la marmota» que se vive cada año en la Apertura del Año Judicial. La litigiosidad no cesa de aumentar, la «realidad» exterior es cada vez más compleja pero jueces, fiscales, letrados de la Administración y funcionarios intentan impartir justicia con medios obsoletos y, en algunos juzgados, en condiciones deplorables.

Tanto la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, como el Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, Antonio Montabes, admitieron que sus discursos reiteran las reivindicaciones de años anteriores. Porque las leves mejoras o refuerzos introducidos son tan leves que «la justicia intenta salir adelante, a trancas y barrancas, gracias al voluntarismo, al empeño, de magistrados, jueces y funcionarios de todas las categorías que desarrollan un esfuerzo muy superior al lógicamente exigible», admitió De la Oliva.

El eterno incumplimiento de creación de 15 nuevos juzgados para la Comunitat Valenciana se ha paliado mediante el refuerzo de jueces en todas las jurisdicciones (social, civil, mercantil). En penal, los juzgados con macrocausas de corrupción se han reforzado para «agilizar estos procesos y evitar la demora de los asuntos ordinarios».

Sin embargo, como recordó Montabes, jueces y fiscales siguen sin poder conectar sus programas de trabajo informáticos -Cicerone y Fortuny-, algo inaudito en el resto de España. Aunque sí se está, admitió, «comenzando a instalar en los Juzgados una nueva versión de Cicerone que permite la conexión con Fortuny y se espera que permita notificar, vía Lexnet, a todas las Fiscalías a partir de 2017». La espera se ha paliado con una solución provisional: «cada Fiscal adscrito a un Juzgado de Instrucción dispone de una clave de acceso al Cicerone como si se tratara de un funcionario del Juzgado». La Conselleria de Justicia también ha renovado los «ordenadores, impresoras personales y equipos multifunción en todas las Fiscalías de la C. Valenciana» además de la entrega de «44 ordenadores portátiles», que ha permitido agilizar el trabajo, sobre todo, a los Fiscales Anticorrupción y los especializados en delitos informáticos a quienes los ordenadores obsoletos no dejaban realizar su trabajo en condiciones.

Al respecto, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) denunció las «notables insuficiencias» en el sistema judicial valenciano que provocan un «descontento visible en la ciudadanía» por lo que reclama más peritos especializados, expertos en delincuencia financiera y Policía dedicados a la «enorme cantidad» de investigaciones por casos de corrupción, en los que la Comunitat Valenciana está «a la cabeza del país».