01 de octubre de 2016
01.10.2016
Polémica

La quema de la paja abre una brecha entre Agró y la conselleria de Cebrián

Los ecologistas valencianos lamentan que no se les haya consultado pese a presidir y estar representados en la parte de la Junta rectora

02.10.2016 | 00:21
Un agricultor, en plena quema de la paja del arroz.

Acció Ecologista Agro ha cuestionado la decisión y el proceso empleado por la conselleria de Agricultura y Medio Ambiente para autorizar la quema del arroz en los términos propuestos por AVA-Asaja y otras organizaciones agrarias.

Es la primera vez que la organización ecologista valenciana, que hasta ahora había avalado todas y cada una de la decisiones tomadas por la consellera Elena Cebrián (próxima a Compromís) y su secretario autonómico Julià Álvaro (Equo-Els Verds), cuestiona y critica en público sus decisiones, así como la forma (sin contar con su opinión) en la que, según afirman, se han adoptado.

Acció Ecologista-Agró, «como entidad que forma parte de las Junta Rectora del Parque Natural de la Albufera de Valencia», ha exigido a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural «los informes y estudios técnicos que justifiquen la conveniencia de la quema de la paja del arroz como mejor medida de gestión en todo el parque natural».

Hasta el momento, y pese a ser miembros de la comisión de Agricultura de la Junta Rectora de la Albufera, cuya presidencia ostenta un veterano y muy destacado militante de AE-Agro, Víctor Navarro, «la conselleria no nos ha facilitado ninguna documentación sobre la decisión de promover otro año esta práctica agrícola, que afecta negativamente a la salud de los habitantes de los municipios del parque natural y supone una contribución más al cambio climático», denuncia.

Los ecologistas, para quien pesa prácticamente por igual –en negativo– la opción elegida como el hecho de que no se les haya consultado, «la gestión de la paja juega un papel clave».

«Somos conscientes de que se trata de un tema complejo y que no todos los campos de arroz presentan las mismas posibilidades para la gestión de este residuo agrícola, que se puede quemar, fanguejar, aprovechar como biomasa, como materia prima...Pero sea como sea, la paja se ha de gestionar con rigor, seriedad, planificación, transparencia e informes técnicos que ofrezcan la mejor solución posible para el medio ambiente, los habitantes del parque natural y los productores de arroz del parque natural. Y eso ahora no pasa», aseguró un portavoz.

Pese a ser miembro de la junta rectora –y presidirla–, donde forma parte de la «Comisión de Agricultura de este órgano de participación», la organización ecologista sostiene que no ha recibido «la información solicitada», entre la que figuran los informes técnicos que avalan la efectividad de la quema para combatir la Leersia oryzoides y otras plagas del arroz.

Los ecologistas habían solicitado al Servicio de Espacios Naturales Protegidos, a la Dirección General de Desarrollo Rural y al servicio de Sanidad Vegetal informes sobre la evolución de las plagas que ya en 2015 facilitaron una prórroga de las quemas.

Tampoco disponen, según aseguran, del estudio sobre la materia orgánica de los arrozales y la propuesta de quemas para 2016, «protocolo, seguimiento e informe justificativo emitido por el Servicio de Sanidad Vegetal».

«Nos gustaría saber si existe alguna medida para el seguimiento agronómico de las quemas, tanto por lo que respecta a la materia orgánica como a las plagas. Y, por descontado, si se está efectuando algún estudio sobre el impacto en la salud humana y sobre los efectos ambientales de las quemas, ya que esta práctica puede aumentar las enfermedades respiratorias», concluyeron.

Divorcio público
El incipiente divorcio de AE-Agró con la conselleria en el asunto de la paja coincide con la publicación en Levante-EMV de un artículo en el que la actual presidenta de la organización ecologista valenciana, Eva Tudela, cuestiona la pasividad del Consell en la ordenación de las canteras, cuya abundancia y falta de ordenación han convertido a la Comunitat Valenciana en un «territori foradat».

Eva Tudela asegura en este artículo que la Generalitat «ha cambiado de discurso, pero no de política a la hora de conceder nuevos permisos de explotación de canteras».

Las críticas de AE-Agró se concentran en la decisión de la Conselleria de Medio Ambiente de conceder a la cementera de Sagunt, Lafarge-Holcim, una nueva concesión, aunque reivindica que es necesario que la Generalitat «cambie de política en las concesiones», así como en las restauraciones ambientales. Aseguran que es necesario modificar la legislación vigente y mientras tanto exigen una moratoria en la concesión de nuevas canteras».

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