La sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado una demanda interpuesta por el grupo popular en las Corts Valencianes por denegación documental y obliga a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas a entregarle el informe de una auditoría que le reclamó en octubre de 2015.
Así consta en la sentencia, contra la que cabe recurso, en la que el tribunal estima el recurso de la diputada y portavoz de Justicia del PP en las Corts, María José Ferrer de Sansegundo, contra Justicia, y condena a la administración al pago de las costas procesales. «Es la primera sentencia condenatoria contra el Consell, en concreto contra la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, e indica que la obstrucción es injustificable», apuntó ayer la parlamentaria popular.
La diputada requirió a la conselleria una copia del informe completo de auditoría interna, con todos sus anexos, que se encargó al asumir Gabriela Bravo las competencias de la Justicia. La primera petición, la de los informes, fue entregada tras interponerse el recurso contencioso-administrativo, mientras que respecto a la segunda, la auditoría, la conselleria se opuso y alegó que no existía como tal en base a que este informe no fue un anuncio de la conselleria de Justicia ni una decisión de la misma, «sino una iniciativa del Consell en relación no solo al ámbito de esta conselleria, sino de toda la Generalitat». Así, se estima el recurso del PP y obliga a la administración a entregar la información requerida.
En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la portavoz y vicepresidenta, Mónica Oltra, explicó que la documentación requerida por el PP «no existe físicamente», sino que es «una valoración de una situación», por lo que habrá «un problema de ejecución de la sentencia importante, porque no se puede entregar un documento que no existe».
