La jornada «Aspectos jurídicos y laborales del rescate o finalización de las concesiones administrativas» celebrada ayer en el hospital de Alzira por la empresa Ribera Salud, actual concesionaria de éste y otros tres departamentos de salud valencianos, planteó más dudas que certezas al respecto de cómo va a ser el proceso de reversión ya iniciado por la Conselleria de Sanidad para que el departamento de la Ribera vuelva a ser de gestión pública a partir de abril de 2018.
El título de la jornada, que suscitó el interés de buena parte de los 1.700 trabajadores laborales del departamento que piden saber cuál va a ser su futuro ya auguraba una de los puntos novedosos que se pusieron sobre la mesa de debate en la que no estuvo presente ningún representante de la administración pública. Mientras Sanidad habla de «finalización» del contrato, en la jornada se apuntó otra lectura: la vuelta a la sanidad pública en abril de 2018 debería considerarse como «rescate» ya que el plazo total de la concesión no habría acabado.
La postura la defendió el abobado Nicolás González-Deleito, socio del departamento mercantil de Madrid de Cuatrecasas Gonçalvez Pereira y especializado en concesiones. Según el jurista las empresas, en el momento de concurrir por el contrato, tienen en cuenta estas prórrogas para jugar con los plazos de amortización de sus inversiones por lo que, pese a ser potestad de la administración el otorgarlas o no, ésta debería justificarlo de forma «sólida desde el punto de vista del interés general» para negar ahora la prórroga prevista de cinco años en el contrato. «Si el servicio funciona correctamente y no hay ningún elemento que justifique la no prórroga, la administración tendría muy complicado denegarla», apuntó el especialista que aseguró que, en este caso la conselleria no podría negarse «sin una motivación especialmente reforzada» basada en el interés general y tras oír al contratista.
En el contrato suscrito en su día para externalizar el servicio de salud en la Ribera efectivamente se establece que la duración del contrato de concesión «será de 15 años, prorrogable por 5 años más por acuerdo entre las partes (?) Cumplido el plazo, el contrato quedará extinguido». De aplicarse esta lectura de la legislación, la concesionaria estaría en su derecho de reclamar incluso una indemnización teniendo en cuenta el beneficio que se dejaría de percibir en esos años y por el grado de amortización de la inversión realizada que, según cuantificó el consejero delegado del grupo Ribera Salud, Alberto de Rosa, había sido de «140 millones de euros en los últimos 16 años».
La duda abierta por el jurista podría ser un nuevo caballo de batalla de Ribera Salud ante la administración para intentar parar la reversión como auguró Luis Lozano, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT durante la mesa redonda que cerró la jornada. La cuestión legal, sin embargo, no presentaba mayor trascendencia para el secretario general de la Federación de Sanidad de CC OO, Luis Arturo que llegó a asegurar que el argumento estaba «cogido con pinzas».
Con todo, los representantes sindicales que participaron en la mesa redonda dieron por hecho que el plazo a tener en cuenta seguía siendo el 1 de abril de 2018 y, por ende, insistieron en sus peticiones a la consellera de Sanidad, Carmen Montón, de garantizar los puestos de trabajo y la cartera de especialidades que ahora se ofrecen en el departamento, compromisos que, en principio, la conselleria y el comité de empresa pusieron por escrito la semana pasada. Al mismo tiempo pidieron claridad y celeridad para concretar cómo se va a hacer el trasvase del personal y en qué condiciones.
«Esto hay que pactarlo»
La jornada contó también con el magistrado del Tribunal Supremo, Jordi Agustí, que hizo un repaso por la legislación y jurisprudencia sobre los derechos de los trabajadores que pasarán a depender de la conselleria. Durante su intervención dejó claro que, tal como se ha advertido en más de una ocasión, el pasar a depender de la administración pública no supondrá obtener la condición de personal estatutario pero sí se debían mantener las condiciones «aunque éstas podrían ser modificadas después».
Agustí además lanzó un consejo: el de pactar todas las condiciones ya que éstas quedaban en manos de la conselleria y entrar en una «dinámica de litigios es una barbaridad. Esto hay que pactarlo».
