11 de octubre de 2016
11.10.2016
Comisión de investigación

Vicente Cotino niega trato de favor en las residencias y que financiara al PP

Dos exdirectoras generales y una exconsellera defienden la legalidad de las adjudicaciones a Savia

11.10.2016 | 16:27
Vicente Cotino niega trato de favor en las residencias y que financiara al PP

Dos exdirectoras generales de Servicios Sociales y una exconsellera de Bienestar Social negaron ayer en las Corts cualquier trato de favor en la adjudicación de plazas de residencia de la tercera edad a la empresa vinculada a la familia Cotino y el empresario Enrique Ortiz. Tanto Cotino como Ortiz están imputados en una pieza separada del caso Gürtel por, supuestamente, financiar ilegalmente al PP durante las campañas electorales de 2007 y 2008.

Ortiz ha admitido los hechos ante la Fiscalía y pidió disculpas durante su intervención en esta comisión de investigación el pasado 13 de junio. Ayer fue el turno de Vicente Cotino Escrivá, compañero de negocio en las residencias y de banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional a partir del 13 de marzo. Aunque Cotino negó la mayor. «En ningún caso se utilizó la relación con ningún partido» para lograr los contratos de residencias o evitar las penalizaciones por los retrasos en su construcción, justificó en respuesta al diputado David de Miguel (Ciudadanos). «Nunca hemos financiado al PP, ni a ningún otro partido que ahora esté funcionando», respondió de forma enigmática a la diputada Mònica Álvaro (Compromís). Aunque Cotino Escrivá no pudo evitar sonrojarse de cuerpo entero cuando la misma diputada leyó en su presencia las delicadas conversaciones grabadas por la policía durante la investigación del caso Brugal entre Enrique Ortiz y Arturo Alario (consejero delegado de Centros Residenciales Savia). O la exclamación grabada por la UDEF del mismo Vicente Cotino cuando supo que su tío Juan dejaba Bienestar Social:«De puta pena, macho, me estaba adjudicando obras». Sobre las grabaciones , Cotino aseguró que no tenía «nada que decir. Se dictaminará lo que tenga que dictaminarse en los juzgados». En respuesta a la diputada Concha Andrés (PSPV) también defendió: «No observé ningún trato de favor a Gerocentros».

La directora general de Servicios Sociales durante las adjudicaciones de los contratos, Marisa Gracia, se escudó en que éste fue «un proyecto estrella de Rafael Blasco», por lo la elaboración del concurso y adjudicación «se llevó desde el gabinete del conseller de Bienestar Social», entonces Rafael Blasco, actualmente en prisión por desviar fondos públicos de Cooperación. Su sucesora en la dirección general, Esther Franco, se escudó en que el concurso ya estaba adjudicado cuando llegó.

La exconsellera Alicia de Miguel hizo un alegato de defensa de sus cuatro años de consellera de Bienestar Social (2003-2007) y negó cualquier amaño de los contratos, como sugieren las grabaciones de Marcos Benavent en el caso Taula. «De ninguna de las maneras y en ningún momento. No es no», repitió insistentemente. Incluso remachó: «Yo era zaplanista. A mi nadie me hubiera llamada para decirme nada...»

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