El Consell busca rebajar «in extremis» la ley contra las puertas giratorias

La ley de incompatibilidades de altos cargos promovida por el grupo parlamentario Compromís se ha convertido en un enredo monumental cuyo desenlace es aún incierto. Esta misma mañana está prevista la votación en el pleno de las Corts de una norma que ha sufrido numerosos y continuos retoques hasta el punto de que ya fue retirada en el último momento en un pleno por el desacuerdo entre los socios del Consell, PSPV y Compromís. La norma promovida prácticamente en solitario por la diputada Isaura Navarro ha levantado ampollas en el seno del Consell, incluidos altos cargos de su partido.

La ley, que nació con la imposición de un régimen muy estricto de incompatibilidades, que afectaba incluso a los funcionarios y que puso en pie de guerra a los sindicatos, ya fue descafeinada en comisión. Pero ayer, desde Presidencia de la Generalitat se hizo un nuevo intento de rebajarla aún más. Un día antes del debate, el Consell remitió a la propia Navarro un bloque de más de una treintena de páginas con 16 enmiendas con la instrucción de que intente incluirlas antes de la votación prevista para hoy.

En esencia, Presidencia trata de atenuar las exigencias que recoge el articulado, en especial las que afectan al cese de un alto cargo. Así, reclaman que la obligación de presentar en el registro la declaración de sus actividades profesionales una vez abandonen el cargo se reduzca de cinco a tres años y que la exigencia de airear su patrimonio no se extienda por obligación a sus cónyuges e hijos. El Consell también intenta dejar claro que el personal de libre designación quede fuera de la mayoría de los obligaciones a las que están sometidas los altos cargos. Al cierre de esta edición se mantenía la negociación para tratar de pulir el texto. Fuentes consultadas señalaron que uno de los puntos conflictivos era precisamente una enmienda que amplía la compatibilidad de altos cargos. En concreto, la que impulsa el Consell quiere permitir que los altos cargos puedan compaginar su labor con la docencia siempre que ésta no exceda de 60 horas lectivas por curso. En realidad, en el texto que salió de la comisión ya se abría esa posibilidad y además se especificaba que podrían cobrar hasta un máximo del 30% de su salario como alto cargo en su trabajo como profesor asociado universitario.

Sin embargo, esta cuestión genera intensas diferencias de criterio ya que es menos estricta incluso que la ley estatal, que de forma taxativa exige exclusividad para el alto cargo e impide cobrar cualquier otro sueldo.

Para algunos miembros del bipartito esa posibilidad de tener dos ingresos da mala imagen para un gobierno que enarbola la bandera de la regeneración.

Altos cargos del Consell consultados ayer aseguraron que la ley sigue siendo demasiado restrictiva porque limita la vida profesional ya que impone que durante tres años las posibilidades de trabajar para una empresa privada son casi nulas. Además, la ley estatal recoge una incompatibilidad de dos años y la valenciana, tres. Las fuentes señalan que el texto de la normativa incluso entra en contradicciones.