Casi 300.000 hogares valencianos algo más de 289.000, según cifras oficiales- podrían verse afectados por la decisión del Tribunal Supremo de anular la financiación del bono social que permite ahorros de hasta el 25 % en el coste del recibo de la luz a clientes en riesgo de exclusión social o que cumplen unos requisitos que acreditan su dificultad para hacer frente al recibo eléctrico a final de mes.

Por el momento, la decisión del Supremo de tumbar la financiación del bono social y obligar al Gobierno a indemnizar a las eléctricas todavía no va a afectar a la factura final que pagan los beneficiados por esta medida, aunque a medio plazo puede provocar una nueva subida en el recibo de la luz si, como se espera, se repercute este coste entre todos los usuarios.

Las principales distribuidoras de electricidad insistieron ayer en que la sentencia «no afecta en ningún caso a la aplicación del bono social a los clientes». El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, que ha asumido las competencias de Industria, señaló que el ministerio cumplirá «evidentemente» la sentencia del Tribunal Supremo sobre la financiación del bono social eléctrico, aunque no dio detalles de cómo lo hará. El problema de fondo es que la sentencia conlleva el rembolso a las compañías de más de 500 millones de euros para compensar los descuentos realizados hasta la fecha y abre la puerta a una subida de la luz al conjunto de consumidores si Industria decide cargar esta cantidad al recibo eléctrico.

Según confirmó ayer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en España hay 2,4 millones de consumidores acogidos al bono social. En España, son cuatro los colectivos que se pueden acoger a esta tarifa: pensionistas mayores de 60 años con la pensión mínima, familias numerosas sin número de renta, familias con todos sus miembros en paro y consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada.

¿Quién paga ahora?

Un portavoz de Iberdrola insistió en que «la sentencia no afecta en ningún caso a la aplicación del bono social a los clientes que van a seguir teniendo un descuento del 25 % en la factura. Solo afecta a quién se debe hacer cargo de ese descuento. Para los que van a tramitar una solicitud de bono social las condiciones que dan derecho al mismo no han cambiado y el procedimiento sigue siendo el que se venía aplicando hasta el momento».

Por su parte, Endesa ha lanzado una propuesta para modificar el bono social, que reduce el número de familias numerosas beneficiadas de 195.001 a 132.617, al vincular las ayudas a la renta. En el caso de las familias numerosas y los consumidores con una potencia contratada menor de 3 kW, la propuesta es que tengan derecho cuando la renta familiar no supere los 10.841 euros en la primera persona, los 6.324 en la segunda y los 4.517 en la tercera y siguientes. De acuerdo con las estimaciones de Endesa, el coste máximo de esta nueva definición del bono social sería de 131 millones y el número de beneficiarios ascendería a 1,6 millones de clientes.

Facua lamentó que la decisión del Supremo «deja en evidencia el fracaso del modelo energético del Gobierno, heredado de un proceso de privatización del servicio de un bien básico como es el suministro de electricidad».

Críticas de la UCE.

Francisco Rodríguez, asesor jurídico de la Unión de Consumidores de España en la Comunitat Valenciana (UCE-CV) subrayó la «deficiente regulación» del sector eléctrico que se traduce, recordó, en numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo que cuestiona la regulación que ha hecho el Gobierno, «y no solo en el asunto del bono social, que de nuevo y desgraciadamente viene a perjudicar al sector más vulnerable de la población, sino en muchos otros aspectos».

«En general se ha visto que falta información, se incluyen importes y conceptos que aumentan considerablemente la factura incluso cuando el consumo real es muy escaso», apunto.

El asesor jurídico destacó el trabajo realizado en los últimos años por las propias asociaciones de consumidores «pidiendo a los ciudadanos que sean más eficientes, que ahorren, que reduzcan su consumo, tanto por criterios económicos como medioambientales». Sin embargo, todas las regulaciones del Gobierno, además de oscuras, echan por tierra todo este trabajo».

Sobre quién debe asumir el coste del bono social, Francisco Rodríguez recordó que lo estaban asumiendo las compañías eléctricas y que, pese a ello, «ninguna perdía dinero», interpretando que deberían continuar asumiendo este coste.