04 de noviembre de 2016
04.11.2016

La operación limpieza en las plantillas del sector público se atasca

CGT pide una auditoría de todos los contratados y teme un «lavado» de enchufados

04.11.2016 | 04:15

La operación limpieza en las plantillas de las empresas públicas que el nuevo Consell se ha propuesto llevar a cabo no acaba de arrancar o al menos no la hace en base a los plazos anunciados, máxime cuando se trata de uno las patas de la Administración más opaca que durante años fue un coladero de afines al Consell popular de turno. La conselleria de Hacienda, de quien depende este negociado, se comprometió hace ya nueve meses a llevar a cabo una revisión de la contratación realizada en las últimas décadas y, de paso, depurar una relación de puestos de trabajo que a lo largo de los años ha servido de acomodo a todo tipo de empleados. La revisión se haría en el marco de una nueva ley para adelgazar el sector público.

De momento, los presupuestos de la Generalitat para 2017 no contemplan cambios significativos en cuanto a dotación presupuestaria para personal de las empresas y fundaciones públicas. La purga, si la hay, no será inmediata. Y este es el temor que ayer plasmó en un comunicado de prensa CGT, el sindicato que en su día dio la luz de alarma por la situación de los zombis en Imelsa y ahora lo ha dado en Culturarts. La organización lleva años exigiendo al Consell (lo hizo con el PP y lo repite ahora con el bipartito) una auditoría laboral completa para identificar los procesos de contratación de personal. «Fue generalizado el acceso a estos entes sin garantizar los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad», mantiene el sindicato que teme que el actual bipartito ejecute un «lavado» de los casos de enchufismo una vez se cumpla con la obligación de publicar las plantillas.

El sindicato insta al Consell a solicitar la nulidad de las contrataciones irregulares, y de esa forma evitar despidos e indemnizaciones millonarias a personas que accedieron a un empleo público de forma claramente ilegal e inconstitucional. Es dcir, el desembolso de indemnizaciones, como ha ocurrido en Imelsa o en su momento con los EREs en la época de Alberto Fabra.

«Sorprende que todas las ilegalidades no haya sido motivo de denuncia clara y contundente por parte de los sindicatos que tienen representación en estos entes, porque no lo hicieron antes con el PP ni ahora con el nuevo Consell», añaden en su nota.

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