La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llevarán el peso de la negociación para sacar adelante el nuevo modelo de financiación autonómica al que el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy se ha comprometido.

Sáenz de Santamaría mantendrá la coordinación política del Ejecutivo y, además, asume la cartera de Administraciones Territoriales, por lo que participará en las conversaciones y negociaciones encaminadas al diseño de un nuevo sistema de financiación, que reclaman casi todos los gobiernos autonómicos, especialmente la Generalitat Valenciana. «Tanto ella como Montoro tienen que estar, los dos», aseguró ayer el portavoz y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, quien aseguró en su primera comparecencia ayer en Madrid que se evidencia «la importancia» que el nuevo gabinete de Rajoy concede a la reforma del modelo de financiación.

Un compromiso de investidura

A su juicio, este cambio estructural, en comparación con el anterior Gobierno, en el que la competencia de las relaciones con las administraciones recaía en Montoro, «es una buena idea». Rajoy precisó en el debate de investidura que una de sus prioridades será el acuerdo para una nueva financiación autonómica, dados los problemas que el vigente genera en la mayoría de las comunidades por no haberse actualizado.

Ayer ante el primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo, Rajoy insistió en esta prioridad, según informó Méndez de Vigo. Se trata de llegar a un sistema «estable y suficiente» que provenga del acuerdo con los grupos parlamentarios y con los gobiernos autonómicos.

Así, el portavoz del Gobierno repitió que se cumplirá en próximas fechas, sin más concreción, «el compromiso de abrir la negociación», primero con los partidos con representación parlamentaria.

Puig: «Debería ser el presidente»

Mientras, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró ayer que debería ser el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien asumiera directamente la cuestión de la relación con las autonomías, porque es una cuestión de Estado. «En la relación entre comunidades y gobierno ha de ser el presidente quien lidere el nuevo espacio de diálogo para superar las crisis territoriales que tenemos, algunas muy importantes», dijo.