La exconsellera de Bienestar Social y actual senadora, Asunción Sánchez Zaplana, defendió su trabajo en el sector de las residencias de mayores y las decisiones que adoptó al asumir el departamento de manos de su antecesora Angélica Such (que a su vez lo heredó de Juan Cotino). «Nadie me dijo, ni me escribió que las plazas se estaban adjudicando irregularmente», defendió durante su intervención en la comisión de investigación de las Corts sobre la adjudicación de plazas de residencias a los centros del grupo Savia (propiedad de la familia Cotino).
Sánchez Zaplana defendió que la única advertencia sobre la ilegalidad de la cláusula de exclusividad de las residencias adjudicatarias, aprobada por el exconseller Rafael Blasco en 2001, fue en diciembre de 2013, cuando intentó sacar a concurso por procedimiento negociado (cerrado a las empresas ya adjudicatarias) más de dos mil nuevas plazas, pero la Abogacía de la Generalitat le advirtió de que la nueva Ley de Emprendedores (aprobada en septiembre de 2013) impedía favorecer a contratistas previos.
Según Sánchez Zaplana a partir de ese momento inició consultas con el Consell Jurídic Consultiu y la Abogacía de la Generalitat para convocar un nuevo concurso, que no pudo sacar adelante por el cambio de gobierno en la Generalitat. «Tampoco ha convocado el concurso el actual gobierno, a pesar de que ya ha transcurrido un año y medio», aseguró la exconsellera. La senadora también negó haber mantenido reuniones con los empresarios Vicente Cotino y Enrique Ortiz (adjudicatarios de residencias e imputados por financiación ilegal del PP) o que conociera que el ponente del Consell Jurídic Consultiu sobre el informe de la residencia hubiera sido asesor de empresas del sector.
