El grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicita al juzgado del Caso Taula que recabe el total de dinero gastado en los asesores de Imelsa entre 2007 y 2015 -que considera ilegales-, así como el interventor de la Diputación que los autorizó, según consta en un informe aportado a la causa. Los agentes apuntan así hacia una posible responsabilidad de los dos interventores que tuvo la institución provincial entre 2007 y 2015 ante el descontrol laboral que se alcanzó en la empresa pública Imelsa (Impulso económico local SA), mientras estuvo dirigida por Marcos Benavent.
Los agentes también piden a la Diputación que detalle «si se hicieron informes de fiscalización de Imelsa entre 2007 y 2015 y, en caso negativo, se identifiquen los motivos por los que no se realizaron y quiénes eran las personas responsables de determinar el programa de fiscalización/auditoria de la Intervención de la Diputación de Valencia».
Por último, también reclaman a la la Intervención General del Estado para que determine «si se debieron haber realizado informes periódicos de fiscalización/auditoria en la empresa pública Imelsa y con qué periodicidad».
La nueva petición de información se produce a la luz del último informe de la UCO aportado a la pieza de los «zombis» del «Caso Taula» que investiga los contratos a dedo en Imelsa, en algunos casos por trabajadores que cobraban sin trabajar. Los investigadores concluyen que «diciembre de 2015 no han existido en Imelsa unas normas internas de contratación que recogieran por escrito el procedimiento que debía seguirse para la contratación de personal y que velara por la aplicaciónde la ley de gestión la función pública valenciana».
De las declaraciones del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, y de otros trabajadores investigados los agentes de la Guardia Civil concluyen que «el criterio utilizado para la selección de personal era el de "ser conocido de" y las normas que se aplicaban eran las instrucciones verbales dictadas por los responsables de la empresa pública».
El «enchufismo incluso alcanzaba a los despidos» porque, han declarado trabajadores a la Guardia Civil, había personas «a las que no se podía despedir por estar relacionado con un tercero». De esta contratación irregular, la Guardia Civil ha constatado que se beneficiaron todos los partidos representados en la Diputación de Valencia durante las anteriores legislaturas: el PP, el PSPV-PSOE, Compromís (con la salvedad de que dió de baja a su asesor) y EU». Los agentes concluyen que «una situación que demuestra que no eran necesarios los asesores en Imelsa es que en la actualidad no existen en Divalterra (la heredera de la anterior Imelsa)».
