La empresa pública Divalterra pagó un total de 64.363 euros por el asesoramiento legal en tres causas judiciales directa o indirectamente relacionadas con el Caso Taula. El asesoramiento legal se adjudicó en tres contratos distintos que recayeron en la misma letrada, Emma Ramón, que comparte despacho con el abogado Virgilio Latorre, que ha ejercido la acusación en nombre del PSPV-PSOE en varias causas de corrupción. A Ramón también se la ha relacionado con la defensa letrada del exdiputado provincial José Manuel Orengo, aunque la penalista asegura no haberlo defendido nunca. La abogada renunció la semana pasada a representar a Divalterra en las tres causas que siguen abiertas «ante el cuestionamiento que se ha hecho de mi ejercicio profesional y el efecto negativo que para la sociedad poderdante se ha producido por ello».

Sobre los contratos adjudicados en las tres causas abiertas, Divalterra encargó un informe a la auditora RSM Spain Auditores SLP en el que se concluye que «no se ha puesto de manifiesto indicio alguno que suponga el incumplimiento de la normativa aplicable a la sociedad [Divalterra] en materia de contratación administrativa». Tampoco observan «la existencia de fraccionamiento al ser el objeto de los tres expedientes examinados claramente diferenciados» al tratarse de «diligencias previas distintas y llevadas a cabo en diferentes juzgados de instrucción», señala el informe de RSM Spain Auditores SLP.

Las tres causas para que las que se buscó asesoramiento externo eran las diligencias previas que se siguen en los Juzgados de Instrucción 6, 9 y 18 de Valencia relacionados con la antigua Imelsa. En los dos primeros casos se tramitaba sendas querellas presentadas por la empresa pública de la Diputación de Valencia -durante la etapa de Rus- contra un empresario por falsedad documental y estafa y contra el exgerente Marcos Benavent por malversación, apropiación indebida y descubrimiento de secretos, cuando aún permanecía desaparecido. Al menos en este último caso, un despacho de Valencia ya había sido contratado para llevar la causa, por lo que no hubiera sido necesaria una nueva contratación.

El tercer contrato consistió en el asesoramiento jurídico a Divalterra en la macrocausa Taula en la que la empresa ha acabado siendo admitida como acusación particular por el juez y el Fiscal Anticorrupción.