La portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en las Corts, María José Ferrer San-Segundo, denunció ayer que el Consell «quiere imponer un sesgo lingüístico, al imponer el valenciano como barrera selectiva para el acceso de los ciudadanos valencianos a cargos y funciones públicas, con la obligación a su uso en el ámbito público».
La diputada anunció que su grupo ha presentado alegaciones al Proyecto de Decreto del Consell por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat, al considerar que introduce el valenciano como «filtro excluyente».
«El Consell ha de garantizar el uso normal y oficial del valenciano y el castellano, sin discriminar a nadie por razón de su lengua, pues los derechos son de las personas, no de los territorios», dijo la diputada, que añadió: «Hayan nacido donde hayan nacido, y vivan donde vivan».
Ferrer San-Segundo afirma que el valenciano puede ser requisito obligatorio «en puestos de trabajo en que el perfil lingüístico esté justificado» y «también, por supuesto, un mérito valorable en la baremación», pero «no puede ser un impedimento sine qua non, que discrimine y bloquee el acceso a funciones o cargos públicos a las personas cuya lengua materna es el castellano», sostiene. «Máxime en la Administración de Justicia, en que hay cuerpos de procedencia estatal», destacó Ferrer San-Segundo.
La diputada popular asegura que «el derecho a no ser discriminado por razón de la lengua incluye la facultad de expresarse en público en el idioma, de entre los dos cooficiales, en que el ciudadano tenga mayor competencia lingüística», por lo que «resulta contrario a Derecho exigir a personal y cargos públicos utilizar el valenciano en todas las intervenciones».
A su juicio, el decreto de uso de lenguas en la Generalitat «rompe la unidad de mercado al imponer etiquetaje e instrucciones en valenciano», señaló la diputada del PP.
