El Partido Popular de la provincia de Valencia trasladará a la Conselleria de Sanitat un documento en defensa de los derechos de los vecinos y los trabajadores afectados por la reversión del modelo de gestión del Hospital de la Ribera.

El presidente de esta formación, Vicente Betoret, afirma que este texto «pretende ser un contrato con los valencianos afectados«, con el fin de que se exprese el compromiso de «cumplir puntos que son irrenunciables».

El citado documento, denominado la «Declaración de la Ribera», exige a la Conselleria de Sanitat que se comprometa a mantener los empleos y la cartera de servicios que hay en la actualidad y a conservar las instalaciones. Asimismo, le insta a consolidar tanto los puestos de trabajo como las condiciones laborales y a asegurar que las listas de espera no se incrementarán y que la alternativa que plantea no supondrá un mayor coste económico.

El documento es resultado de una reunión entre Betoret y los alcaldes y portavoces de los municipios afectados por la reversión constituidos en comisión de seguimiento.

Según los populares, se le trasladará a la consellera de Sanitat, Carmen Montón, para que se comprometa «punto por punto». En este sentido, el texto defiende que Consell «conserve las instalaciones que en la actualidad tiene el Departamento de Salud de la Ribera -un hospital, 45 centros de salud y cinco centros de salud integrados, con los horarios, personal y servicios de los que se disponen en la actualidad».

Igualmente, reclama que «mantenga la cartera de servicios que en la actualidad se prestan a los ciudadanos», más de 50 en total; y que «consolide los puestos de trabajo y las condiciones laborales del personal que actualmente está haciendo posible estos servicios», unos 2.100 empleados entre personal laboral y estatutarios, que disponen de carrera profesional, promoción interna, salario flexible con incentivos y un convenio colectivo.

De igual modo, el PP exige a Montón que las listas de espera de este centro sigan siendo más bajas que la media, y le solicitan que se comprometa a «realizar un estudio de costes para que la alternativa que se plantee no tenga mayor coste económico».