El choque entre los consellers Manuel Alcaraz y Carmen Montón entra en fase de reparación de daños y regreso a la normalidad. Al menos de momento. Tras la publicación ayer por Levante-EMV del contenido del wasap que el titular de Transparencia dejó caer en el grupo de los diez consellers, los dos implicados en el roce charlaron telefónicamente ayer para compartir impresiones y evitar que el suflé crezca más.

«Mónica [Oltra] debería pedir explicaciones? Esto es más grave que lo de [Mónica] Cucarella? La Montón me ha engañado? Todo esto debilita a Compromís». Es el contenido del mensaje que Alcaraz (Compromís) compartió con los compañeros de gobierno bipartito a cuenta de las publicaciones periodísticas sobre el subsecretario de Sanidad, Ricardo Campos, y la clínica oculista cuyo local tiene alquilado a una empresa de esta especialidad y que no incluyó en su declaración en el portal de transparencia.

Montón (PSPV) atribuyó este hecho a «un error» en la transcripción de los datos y este fue uno de los extremos que los dos altos cargos comentaron ayer. Según las fuentes consultadas, aclararon que el fallo no era de Transparencia, sino de la gestión de la información que Campos trasladó a su equipo.

De momento, la conselleria de Alcaraz no contempla actuación alguna sobre el número tres de Sanidad (el encargado de pilotar la finalización del contrato con Ribera Salud), según fuentes oficiales.

En este sentido, un informe del servicio de régimen jurídico de personal de la Conselleria de Sanidad difundido ayer por este departamento avala la capacidad del subsecretario para administrar su patrimonio personal y alquilar una consulta médica. Concluye que no ha incurrido en incompatibilidad.

Según consta en el informe, el subsecretario alquiló su clínica antes de la publicación de la ley 8/2016 que regula incompatibilidades y cesó en cualquier actividad asistencial al tomar posesión del cargo. Apunta además que su actuación «no consiste en una actividad profesional como tal, sino en un mero alquiler de local» a una entidad que «al desarrollar su labor en colaboración con la Seguridad Social, cabría esperar la abstención del interesado en las decisiones que afecten a la entidad». Al respecto, el mismo documento aclara que estas decisiones (la participación en el plan de choque sanitario de la empresa matriz de la que tiene alquilado el local) no son competencia de Campos, sino de una dirección general al margen.

No obstante, el coordinador de política social del PP en las Corts, José Juan Zaplana, insistió ayer en la advertencia de que su formación llevará a los tribunales al número de tres de Sanidad «al menor indicio de delito». Por lo pronto, pidió responsabilidades políticas en forma de dimisión por sus «mentiras continuadas».