El empresario Augusto César Tauroni ha solicitado declarar de forma voluntaria ante la jueza y el Fiscal Anticorrupción del caso Blasco. Su intención es «colaborar con la justicia», según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de los hechos y su cambio de actitud se habría producido tras alcanzar un pacto con el Ministerio Público.
La mano derecha del siete veces conseller, Rafael Blasco, cumplirá cinco años en prisión el próximo 26 de febrero (ingresó en 2012). Y las expectativas sobre su futuro no son nada halagüeñas. El Juzgado de Instrucción 21 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción aún investigan dos piezas separadas del caso Blasco en las que el empresario alcireño también está imputado, junto al exconseller, por lo que su salida de la cárcel resulta inviable a corto plazo. En 2015 el Supremo confirmó una primera condena a seis años de cárcel.
Tauroni sí que debería haber disfrutado de un permiso penitenciario a finales de 2016. Sin embargo el incidente por el acceso que tuvo a internet (prohibido a los presos y que Instituciones Penitenciarias negó inicialmente, aunque después tuvo que admitirlo) obligó a abrirle un «expediente disciplinario por mal uso de la autorización de uso del ordenador» que conllevó «la suspensión de los permisos de salida que tenía autorizados y pendientes de disfrute». Tauroni también tuvo acceso a un teléfono móvil, según desvelaron funcionarios del centro penitenciario a Levante-EMV, aunque este detalle no ha sido admitido por la dirección de la cárcel. Ninguno de los dos incidentes ha sido investigado por la jueza Instrucción 21, Nieves Molina, que evitó indagar sobre el portátil o citar a declarar al director del centro penitenciario. El empresario fue trasladado a mediados de octubre desde el centro penitenciario Antonio Asunción de Picassent (l´Horta) al de Albocàsser (l´Alt Maestrat).
Ahora la jueza sí que acepta citarlo a declarar el próximo 1 de marzo, después de que el empresario Augusto César Tauroni pidiera declarar voluntariamente. El mismo día también comparecerán ante la jueza y el Fiscal Anticorrupción Fernando Cañete, empresario que facturaba a las ONG de la trama creada por Blasco y Tauroni y su esposa, Isabel Castillo, empleada de la Fundación Entre Pueblos, después llamada Hemisferio, según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
En la dos piezas separadas que permanecen abiertas, y que están en la recta final de su instrucción, hay un total de 35 imputados, con el exconseller Rafael Blasco al frente junto al resto de sus más estrechos colaboradores.
La pieza separada número 2 investiga las subvenciones de la Conselleria de Solidaridad a distintas ONG en los años 2009, 2010 y 2011. En ella hay 23 imputados por cohecho, malversación, prevaricación, falsedad y fraude de subvenciones.
La pieza separada número 3 investiga el desvío de fondos para la construcción de un Hospital en Haití, que no se materializó, y por la que hay 12 imputados.
