Con la salida del cogerente Víctor Sahuquillo hace dos meses, la empresa pública dependiente de la Diputación de València Divalterra continúa con una sola gerente al frente de la misma, incumpliendo lo que se pactó entre PSPV y Compromís a principio de legislatura. Según este acuerdo, dos representantes, uno de cada partido mayoritario del poliédrico gobierno que sustenta la corporación provincial, debían llevar las riendas de la antigua Imelsa para evitar que se pudieran dar más desmanes en la firma pública marcada por el caso Taula.
La bicefalia se restablecerá en verano, más de medio año después de que la cúpula de Divalterra quedara «coja», según informaron fuentes consultadas. Será en julio, cuando ya haya pasado el congreso federal que elegirá la nueva dirección del PSOE. De este cónclave que sustituirá a la actual gestora que lleva el partido dependerá el equilibrio de fuerzas no solo en la cúpula del mismo a nivel estatal, si no que sus consecuencias se dejarán sentir también en la C. Valenciana. Un relevante factor a la hora de designar sucesor de Sahuquillo.
El presidente de la diputación, el socialista Jorge Rodríguez, esperará hasta entonces para decidir a qué persona de su confianza sitúa al frente de la empresa pública para que trabaje codo con codo con la representante de Compromís, Agustina Brines, que actualmente lleva en solitario la gestión de la empresa pública.
Precisamente, esta era la situación que querían evitar desde la coalición, que Brines se quedara sola a los mandos de Divalterra. Mucha responsabilidad para una sola persona y un solo partido cuando de la antigua Imelsa se trata, según reconocieron fuentes de la coalición naranja. «Pero está funcionando bien», reconocen. Tampoco satisface la opción de instaurar la figura del consejero delegado, que recaería sobre un diputado provincial del PSPV. «Deberían ser dos cogestores, que es lo que se habló al principio de legislatura, lo más equitativo y lo más justo», insisten en Compromís.
Por su parte, el PSPV reconoce que en estos momentos el debate sobre quién sustituirá a Sahuquillo y bajo qué figura laboral o jurídica «no está encima de la mesa». El consejero delegado que ellos proponen tendrían, según explicaron en su momento, las mismas atribuciones que Brines y la misma responsabilidad, con la diferencia de que no cobraría sueldo de la empresa pública, ya que sería un diputado provincial, «lo que supondría un ahorro», remarcaron.
«La empresa está funcionando»
En lo que sí coinciden PSPV y Compromís es en remarcar que la empresa pública «está funcionando a pleno rendimiento», al contrario de lo que sostiene el PP en la diputación, que criticó hace unos días la «paralización» desde la salida del cogerente socialista.
Mientras, el proceso de adelgazamiento de la empresa pública, de la «voladura controlada» de la que se habló durante el terremoto Sahuquillo, se hace esperar. Las negociaciones para ir vaciando de competencias «extrínsecas» a la firma pública van más lentas de lo esperado. De momento, los primeros suspicaces son los sindicatos. CC OO ya ha manifestado su «preocupación» porque los 600 brigadistas no serán trasladados al cuerpo del Consorcio de Bomberos, aunque sí que dependerán de ellos operativamente. Es decir, las órdenes sobre el terreno las recibirán de bomberos, pero las nóminas las pagará Divalterra.
Su traslado definitivo al consorcio tendrá que estudiarse más adelante, según informaron fuentes de presidencia. «Es una cuestión legal muy delicada. Jurídicamente hay que hacerlo bien para no tener otro Canal 9», explicaron a este periódico. En este sentido, los plazos se alargan, aunque este verano ya se funcionará con la doble encomienda (diputación-consorcio-brigadas, para las emergencias y diputación-Divalterra-brigadas para la gestión del personal). La idea es remodelar la compañía hasta su desaparición (la plantilla de Turismo será asumida por la corporación), como piden los socios de gobierno EUPV y València en Comú y como apuntó también en el PSPV en su día.
