Entre el cargo conocido y el proyecto «chulo» pero aún en el aire, el diputado provincial de Compromís Emili Altur ha elegido lo primero. Lógico y esperable. No ha sorprendido entre sus compañeros de grupo, que el pasado viernes le dieron un ultimátum: o el sillón en la diputación o el puesto directivo en la Fundación Cical, la entidad que impulsa el exdirigente socialista José Manuel Orengo desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) como instituto de investigación para la administración local.

El concejal de Burjassot comunicó ayer a su grupo que se queda. «Me eligieron para representar a los pueblos y soy obediente», explicó a Levante-EMV. Siempre sin dejar de subrayar que el proyecto de la Fundación Cical era muy interesante, «chulo» y ha gustado a las universidades y a las instituciones públicas a las que se ha presentado. «Deseo que tenga una larga vida», afirmó. Él, no obstante, se dará de baja del mismo en las próximas horas.

La fundación no ha empezado a caminar, pero ya deja heridos en el PSPV (se ha comprobado que una parte de la sociedad no piensa tolerar a Orengo, el exalcalde de Gandia, allí donde pueda haber dinero público) y en Compromís.

En el organigrama de Cical figuraba Altur como uno de sus directivos. El político acababa de pedir precisamente a la diputación no dedicarse en exclusiva al cargo público, sino compatibilizarlo con el trabajo de abogado.

La presencia del diputado en la fundación no sentó bien en Compromís, si bien constaba en teoría a título personal y no como representante de la formación. De todos modos, el papel en una fundación privada de un representante de una institución de la que esperaba obtener subvenciones hizo saltar las alarmas. De ahí, el ultimátum.

Lo sucedido es la última evidencia de la situación cada vez más difícil del concejal en el grupo de Compromís en la Diputación de València. El origen está en el inicio de la legislatura.

Altur fue el portavoz y hombre fuerte de Compromís en la corporación durante el pasado mandato, cuando eran oposición. Sin embargo, tras el cambio de gobierno, no fue el elegido para la vicepresidencia primera, que correspondía a la coalición.

El puesto fue para Maria Josep Amigó, mientras que la portavocía del grupo recaía en Xavier Rius, un concejal de su confianza, si bien ella milita en el Bloc y él es de Iniciativa, la rama de Mónica Oltra en Compromís. A día de hoy ellos son los pesos pesados de la coalición en la diputación.

La citación de Altur para declarar ante la Guardia Civil dentro del caso Taula por la supuesta contratación irregular de asesores políticos -en la misma situación se encontró Orengo- debilitó su posición aún más, aunque el asunto se cerró sin imputaciones.

En la disputa por el liderazgo del Bloc en 2016, Altur fue uno de los apoyos declarados de Rafael Carbonell en el denominado sector crítico. Amigó, por su parte, se alineaba con la candidata oficialista, Àgueda Micó. Rius observó la pugna desde fuera, aunque se dejó ver en algún acto de apoyo a Micó.

Antes del caso Cical, uno de los últimos capítulos de la tensión se vivió por los presupuestos de 2017. Rius, el diputado Josep Bort y el jefe de gabinete de Amigó formaron el equipo negociador. Y el área de gestión de Altur (Cooperación Municipal) fue de las más afectadas por la reducción de fondos.

Las buenas formas entre los diputados se mantienen, pero en el grupo coexisten tres fuerzas a día de hoy: Amigó y Rius, por un lado; Altur y la diputada de Turismo, Pilar Moncho, por otro, y Bort (próximo a Joan Ribó) por otra vía. De momento, el desencuentro, cada día más evidente, no afecta directamente a las tareas de gobierno.