Han sido el rostro de la Igualdad en las comarcas valencianas: trabajadoras de la red de Infodona que, desde 33 ayuntamientos, formaban en Igualdad a asociaciones, mujeres y el entorno de influencia de sus municipios. Con actividades, charlas, iniciativas. Prestaban un servicio público, algunas desde hace 18 años, pero con una salvedad: el servicio estaba contratado por la Generalitat a través de una empresa privada (Eulen). Ahora, Igualdad ha decidido transformar la prestación: la red de agentes de igualdad pasará a depender de los ayuntamientos, que los contratará con una subvención nominativa de la Generalitat. Será una red pública y, además, triplicará los actuales efectivos hasta alcanzar la cifra de 76 agentes en toda la C. Valenciana. Pero un daño colateral de esta transformación recaerá en las 33 trabajadoras contratadas por Eulen y que esta semana ya empiezan el proceso de apagón laboral. Acaban contrato a finales de marzo.

Las trabajadoras afectadas lamentan la «absoluta indiferencia por los servicios prestados durante 18 años como agentes públicos» que sienten por parte de la Generalitat. Ellas critican que su entrega «no tiene reflejo alguno en el reconocimiento de un mínimo mérito objetivo a incluir en las bases para la contratación del personal».

Las empleadas, al borde del despido, no se oponen a que se «desmercantilice» este servicio, como destaca la conselleria que dirige Mónica Oltra, y que de este modo pase a depender directamente de la Administración (aunque subrayan que en el IVAJ no ha sucedido lo mismo al licitar el contrato de apoyo al centro coordinador de documentación e información).

Lo que critican, por ejemplo, es que no se haya formado una bolsa de empleo única, con temario único y prueba única, como ocurre en Sanidad o Educación. Así, esgrimen, podrían hacer valer su experiencia de un modo más efectivo y no se dilapidaría toda la formación acumulada durante tantos años de trabajo en favor de la igualdad. Critican que «se baremará más la experiencia en el sector público, aunque sea como conserje, que una larga experiencia como la nuestra como agentes de igualdad», dice Marisa Camarasa, representante de las empleadas. «Es una sensación de abandono completa; algo así como 'contigo no contamos'», añade. Han pedido amparo al Síndic de Greuges, que ha recogido la inquietud de las empleadas y ha preguntado a Mónica Oltra «¿qué pauta se plantea la conselleria para acreditar la experiencia de 18 años a las 33 trabajadoras actuales que prestan el servicio público en los centros de Infodona?». El escrito lo firma Ángel Luna, adjunto primero del Síndic y exportavoz socialista en las Corts. También Podemos ha preguntado al respecto en las Corts esta misma semana.La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas responde que «con el nuevo modelo serán trabajadoras públicas las encargadas de supervisar los planes de igualdad, que según la ley es responsabilidad de la Generalitat, y que hasta ahora se estaba haciendo por una empresa privada». El cambio, añade, responde a «una de las reclamaciones de las asociaciones de mujeres, sindicatos y partidos políticos progresistas: recuperar para el municipalismo una competencia que le fue usurpada».

A la hora de contratar a las futuras agentes de igualdad, la respuesta de la conselleria es tajante. El acceso a estos puestos de trabajo «se hará en condiciones de igualdad y libre concurrencia, como ocurre en cualquier proceso de contratación pública, y teniendo en cuenta la idoneidad y la valía de las personas que aspiren al puesto».