Los cambios de abogados de oficio en el último mes provocaron ayer un nuevo aplazamiento del juicio del caso Emarsa, en el que se investiga el saqueo de 25 millones euros en la depuradora de Pinedo. El retraso, que previsiblemente será el último, vino motivado por la petición de las defensas de cinco de los principales imputados en la causa al haber asumido el proceso hace 25 días, lo que les ha imposibilitado estudiarse un sumario que consta de 200.000 folios y 185 tomos. Mientras, algunos de los principales acusados siguen pactando con la Fiscalía la confesión de delitos a cambio de menores peticiones de cárcel. Esto, según reconoció el propio tribunal, «simplificará» la vista oral que se ha fijado para el próximo 2 de mayo. Esta vez sí, los 24 procesados y las decenas de testigos desfilarán en un proceso que durará ocho meses.
La petición de aplazamiento la realizaron los abogados de oficio de Jorge Ignacio Roca Samper, Esteban Cuesta, José Ramón Cuesta, José Luis Sena y Enrique Arnal. Todos alegaron indefensión y en algún caso, como el letrado de Cuesta, amenazó con abandonar la defensa del exgerente de Emarsa. La Fiscalía se opuso a una suspensión sine die pero sí que aceptó un retraso de un mes para que las defensas se puedan preparar la causa. Al final, el tribunal dará a las partes otros 50 días con lo que el proceso se irá a los seis años y ocho meses desde la primera querella.
En las últimas 72 horas, varios de los principales imputados han reconocido delitos para rebajar sus penas. Un acusado clave, Ignacio Bernácer, reconoció que se habría quedado con 400.000 euros de la trama de los lodos y señaló a Enrique Crespo y José Juan Morenilla como compinches en esta operación. Además, ratificó una de las acusaciones de Esteban Cuesta, quien aseguró que fue su hermana Luisa la que repartía el dinero desviado del tratamiento de fangos.
La hermana del exgerente, Luisa Cuesta, quedó fuera de la causa al haber devuelto los 3.000 euros de responsabilidad civil que le habían impuesto. Fuentes jurídicas explicaron que los investigadores no la han procesado porque los presuntos delitos estarían prescritos. Lo que está claro es que esta persona sólo declaró como testigo. No es de extrañar que en los próximos 50 días otros acusado lleguen a pactos con las fiscales para reducir penas.
Por su parte, el abogado del empresarios investigado José Luis Sena anunció que presentará una querella contra las dos fiscales del caso por fraude de ley al haber presuntamente negociado con otro letrado el reconocimiento de delitos de su actual cliente.
