La Generalitat Valenciana ha recurrido la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana obliga a la Conselleria de Obras Públicas y Vertebración del Territorio a otorgar a una empresa 200 licencias de vehículos de alquiler con conductor, es decir, VTC.
La Generalitat ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) para evitar dar a Ares Capital 200 licencias que ganó en los juzgados el pasado mes de enero y que fueron denegadas en 2013. la Ley Ómnibus, aprobada por el gobierno socialista en 2009, liberalizaba el sector, pero en 2013 Mariano Rajoy modificó la norma y en 2015 se publicó el decreto que vuelve a restringir el sector y establece un máximo de 1 licencia VTC por cada 30 taxis. Para la conselleria, la Ley Ómnibus «introdujo ciertas irregularidades jurídicas que abrieron la puerta a la solicitud masiva de este tipo de autorizaciones», lo que provocó una avalancha de recursos de empresas en los tribunales.
La conselleria alega que durante los últimos años «han sido dictadas infinidad de sentencias con pronunciamientos distintos entre los Tribunales, existiendo sentencias contradictorias al respecto». Por ejemplo, la administración ha ganado casos en Asturias, Navarra y Cataluña; pero los juzgados han dado la razón a las empresas en Madrid, Andalucía y Baleares.De hecho, la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid también ha recurrido 3.000 licencias VTC al Supremo, que deberá unificar doctrina.
«El hecho de que se hayan producido sentencias contradictorias y la inexistencia de pronunciamientos del TS tras denegaciones de autorizaciones solicitadas en la Comunitat Valenciana, han llevado a la Generalitat a agotar todas las instancias judiciales», explican fuentes de la conselleria.
El Consell ha denegado las solicitudes de los últimos años al interpretar que, al margen de los cambios legislativos, está vigente la restricción cuantitativa 1/3o de número de autorizaciones que deben circular. No obstante, algunos jueces han interpretado que estas restricciones no son válidas.
En estos momentos la Comunitat Valenciana cuenta con 450 autorizaciones para licencias de VTC: 216 otorgadas y 234 pendientes de ejecutar., cuando, en teoría, el máximo es de 147.
Fernando del Molino, presidente de la Confederación de Autónomos del Taxi de la C. Valenciana, asegura que el sector acoge el recurso «con mucha alegría». «Nos da un respiro. Es cuestión de tiempo que estas plataformas acaben teniendo las puertas cerradas. Esperamos que se cumpla la ley», apunta Del Molino.
Muchas de las empresas que ganan autorizaciones en los tribunales trabajan para plataformas como Uber y Cabify, que ofrecen sus servicios mediante conductores profesionales. «Nos perjudican muchísimo porque se meten en nuestro trabajo; captan clientes en la calle y generan una sobreoferta en el sector que nos abocará a todos a la precariedad», asegura el presidente de la confederación.
