Más de un año después de que el pleno de las Corts aprobara (el 10 de febrero de 2016) la creación de una comisión de investigación sobre la actividad de la empresa pública Ciegsa, la encargada de la construcción de centros educativos e investigada dentro de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa, los trabajos echan a rodar.

La comisión, que analizará los sobrecostes de más de mil millones de euros, aprobó ayer finalmente el plan de trabajo con los votos de PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos y desestimó el presentado por el PP, que preveía la toma de declaración de todos los trabajadores y extrabajadores que ha tenido la empresa pública, funcionarios y exfuncionarios de la Conselleria de Educación; miembros del consejo de administración de Ciegsa y representantes de empresas constructoras.

Siete meses tardó en constituirse la comisión desde el mandato plenario y más de cinco han pasado hasta aprobar la forma en que se ordenan las comparecencias.

Una fecha destacada será la del 8 de mayo cuando acuda el expresidente Francisco Camps. También lo harán los exconsellers Esteban González Pons y Gerardo Camps. El primero en abrir el capítulo de comparecientes será el exgerente Javier García Lliberós, el próximo 10 de abril.

PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos consideran que el PP ha dilatado con sus recursos el inicio de los trabajos. Pero el portavoz popular en la comisión, el diputado José Juan Zaplana, asegura que el trabajo se ha retrasado por las numerosas comisiones abiertas en la cámara, lo que no es imputable al PP y acusa al resto de partidos de preparar un «paripé» de comisión, que ya debería estar extinguida por el retraso que acumula.

La diputada de Podemos Sandra Mínguez reprochó que el plan de trabajo del PP era inconcreto y dijo que el resto de grupos se ha tomado la comisión de forma más seria, profesional y ordenada.

Belén Bachero, de Compromís, asegura que la intención del PP siempre ha sido bloquear la comisión con continuos recursos «porque tratan de ventilarla en dos meses para que acabe con rapidez y no se pueda investigar», críticas que también comparte la diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura y el portavoz socialista en la comisión, el diputado Alfred Boix.