La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal para averiguar si la Conselleria de Agricultura ha contratado de forma irregular con la empresa pública Tragsa, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente. La investigación se ha abierto tras una denuncia presentada por el sindicato USO, quien considera que podría haber habido prevaricación, malversación y delito fiscal en grado de tentativa.
La denuncia del sindicato incluye no solo a la máxima responsable de Agricultura, Elena Cebrián, sino también al secretario autonómico Francisco Rodríguez, al director general Rogelio Llanes y a otros altos cargos y funcionarios. USO apunta a una posible prevaricación al «violar una directiva europea de contratos» que impide contratar a Tragsa como medio propio y la Ley de Contratos del Sector Público -por no contratar la opción más barata, en este caso la valenciana Vaersa-.
Como señaló ayer la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, la Generalitat compró una acción de Tragsa, pero, según el sindicato, eso no la convierte en medio propio porque cuando se hizo la encomienda de gestión no había comprado todavía la acción y no había designado a nadie en el consejo de administración.
Adjudicaciones por 4,2 millones
Oltra aseguró que las encomiendas de gestión efectuadas por la Conselleria de Agricultura a Tragsa no vulneran la Ley de Contratos del Sector Público y cuentan con informes favorables de la Intervención y la Abogacía del Consell.
Sin embargo, USO alega que, pese a la publicación de una nueva directiva europea sobre contratación pública y los reiterados avisos, por escrito, a los altos cargos de la conselleria, desde Agricultura se han hecho tres adjudicaciones directas a Tragsa, como medio propio, por valor de 4,2 millones de euros.
Así, USO entiende que la Generalitat no podía adjudicar a Tragsa de forma directa ningún contrato o encomienda de gestión, además sin pagar el IVA, motivo por el cual añade la supuesta infracción fiscal.
A juicio de este sindicato, y como publicó ayer Valenciapla-za.com, estas encomiendas no solo son ilegales, sino un 30 % más caras que si las hubiese ejecutado Vaersa, e insiste en que esta última cumple «todas las condiciones de la legislación nacional y europea para ser considerada servicio técnico y medio propio de la Generalitat».
«Cuando se encargan determinadas tareas no importa sólo el precio, sino unas determinadas condiciones técnicas, experiencia o maquinaria que Vaersa no tiene. Entre dos empresas públicas -Tragsa y Vaersa- se elige a la más especializada o a la que tiene mejores condiciones técnicas», defendió Oltra, quien se aferró a las cuestiones técnicas para justificar esta adjudicación de encomienda, que no contratos.
La vicepresidenta subrayó que «no hay beneficio empresarial ni lucro por parte de ningún grupo de empresas». Agricultura informó ayer de que una de las encomiendas cuya legalidad cuestiona USO, la referida a la inversión contra la mosca de la fruta, se encargó a Tragsa porque tiene una experiencia de 12 años en el desarrollo de machos estériles y cuenta con personal especializado y tecnología puntera a nivel mundial en la bioplanta de Caudete de las Fuentes.
