La Delegación de Gobierno no va a dar marcha atrás y ayer confirmó a Levante-EMV que el martes, el primer día hábil tras el periodo vacacional de Semana Santa, trasladará a la Abogacía del Estado un informe sobre la colocación de banderas tricolores el viernes, 86 aniversario de la proclamación de la II República, en 12 ayuntamientos valencianos -y de cualquier otro del que les llegue constancia- para sustanciar una nueva denuncia ante los tribunales.
La polémica se desató este año cuando, viendo que Sagunt y Silla ya habían mostrado la enseña de la República a principios de semana, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, anunció que iban a denunciarlos al considerar que, «no se ajustaba a derecho». De hecho, así lo hicieron ya el pasado miércoles ante un juzgado de València a través de la Abogacía del Estado. Esta misma institución será la que presente las denuncias a partir del martes contra los ayuntamientos que mostraron los colores republicanos: Sagunt, Silla, Buñol, Carlet, Xirivella, Paiporta, Benifairó, Simat, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Algemesí y Barxeta.
Desde la Delegación de Gobierno explican que, al contrario del año pasado, en esta ocasión sí se había advertido a los consistorios de la «ilegalidad» de mostrar dicha bandera, con lo que consideran que quienes la han exhibido han incurrido en un acto de rebeldía y de omisión de este aviso.
Por otra parte, valoran que la advertencia sí ha surtido efecto porque ahora han sido 12 ayuntamientos, mientras que en 2016 fueron 17 -entre ellos el de València- y también la Diputación.
Desde la Delegación se argumenta que la citada bandera vulnera el artículo 4 de la Constitución y los artículos 2.1 y 3.1 de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y añaden que se infringe la ley al colocar una bandera que «no tiene la consideración de oficial».
Es más, la Abogacía asevera que «se vulnera el principio de neutralidad y objetividad que debe regir toda actividad de una administración pública». También aportan sentencias anteriores como una del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que se dictamina que «cuando se trata de un edificio público, como un ayuntamiento, no se puede hacer uso en el mismo, ni en el balcón principal, ni en cualquiera de sus fachadas o ventanas, se trate o no de un mástil o cualquier otro tipo de exhibición pública, de otra bandera que no sea la oficial o la propia bandera del municipio».
Por su parte, los senadores de Compromís Carles Mulet y Jordi Navarrete han presentado varias preguntas en la cámara alta sobre la «las coacciones e indicaciones hacia ayuntamientos valencianos para tratar de frenar la proliferación en los balcones de los ayuntamientos de banderas republicanas el pasado viernes».
