Las empresas y entidades que forman parte del nuevo sector público instrumental de la Generalitat tendrán complicado seguir funcionando, como ocurría en el pasado, como reinos de tarifas. Ni siquiera las consellerias a las que estén adscritas tendrán la última palabra sobre su día a día. La Conselleria de Hacienda, que dirige Vicent Soler, implantará un sistema de vigilancia «continua» sobre estos entes, de tal manera que, en caso de mala gestión o de no corregir su situación de insostenibilidad financiera, podrá incluso proponer su supresión.
Así consta en el borrador del anteproyecto del sector público elaborado por el departamento de Hacienda y al que ha tenido acceso Levante-EMV, que recoge un estricto régimen económico y de control. El punto de partida es la obligación de todas la entidades a formular sus cuentas anuales en el plazo máximo de tres meses, a contar desde el cierre del ejercicio, y ponerlas a disposición de la Intervención General en diez días.
Dicho esto, la ley obliga a todas la entidades a contar con una programación plurianual estratégica con un vigencia de tres años. Además, deberán elaborar un informe de control de eficacia y eficiencia, también cada tres años, y que incluirá un seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de objetivos. Pero todo ello, con la Conselleria de Hacienda en el papel de Gran Hermano.
Así, la ley establece que «estarán sometidas a un sistema de supervisión continua a través de la conselleria competente en materia de sector público (en este caso Hacienda), que analizará y verificará la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y sostenibilidad financiera y, cuando proceda, formulará propuestas de mantenimiento con correcciones, ajustes transformación o extinción de la entidad».
Y es que la Conselleria de Hacienda no parece dispuesta a que el sector público siga siendo el apéndice de la Administración por donde se desangran sus recursos.
De ahí que, al igual que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene la opción de intervenir las cuentas de la Generalitat si esta incumple los objetivos de déficit, Soler podrá obligar a las entidades a someterse a un plan de ajuste o incluso llevar a la comisión delegada de Hacienda una propuesta para suprimir la entidad incumplidora y deficitaria. Así, la extinción podrá darse por tres motivos: incumplimiento de sus fines, por no ser el medio más idóneo para lograrlo o por incumplimiento del plan de corrección de desequilibrio financiero.
Tres ejercicios
En concreto, la ley establece que cuando exista una situación de desequilibrio financiero durante tres ejercicios presupuestarios, la empresa, fundación u organismo correspondiente tendrá que aprobar un plan de corrección. En el caso de las entidades que no tengan consideración de administración pública, se entenderá como desequilibrio financiero la existencia de resultados brutos negativos de explotación en tres ejercicios contables consecutivos.
Los entes tendrán un plazo máximo de dos años para corregir sus cuentas, con la posibilidad de prórroga, y deberán tomar medidas para controlar los gastos. Los planes de corrección también serán obligatorios en las entidades incluidas en el sector de las administraciones públicas.
Por otro lado, el conseller de Hacienda propondrá para cada ejercicio presupuestario el límite máximo de endeudamiento en el sector. En el caso de nueva deuda, el recurso al crédito deberá recogerse expresamente en la ley de presupuestos. De esta manera, se acabará con la práctica de la etapa popular cuando el sector público se usó para centrifugar deuda de la Generalitat. Soler también obligará a un plan de pago a proveedores si hay morosidad.
