El caso Valmor vive un nuevo episodio después de que la Generalitat haya reclamado la devolución de un total de 24 millones de euros por parte de la exconsellera del PP Dolores Johnson y otros cuatro exdirectivos de la sociedad Circuito del Motor por la compra de la empresa Valmor Sports, encargada de la organización de la Fórmula Uno en València.

Así lo señala la Abogacía de la Generalitat en el escrito presentado ante el Tribunal de Cuentas en el procedimiento de reintegro por alcance que se sigue en este tribunal, derivado de la compra de Valmor Sports por un euro, y la asunción de un total de 24 millones de deuda.

El Consell reclama el pago esos 24 millones a Dolores Johnson, como presidenta del consejo de administración de Circuito del Motor de 2011 a 2012; a José Miguel Escrig, Julio García y Blanca Tomás, por ostentar los poderes de dicha empresa; y a Luis Lobón, por ser quien suscribió el contrato de adquisición de Valmor.

Subsidiariamente, la Generalitat reclama 14,6 millones a estas mismas personas y a la exconsellera Trinidad Miró (presidenta del consejo de administración de Circuito del Motor de 2007 a 2011) por los gastos no pagados por Valmor Sports a Circuito del Motor por la organización de la Fórmula Uno de 2008, 2009 y 2010.

Según la Abogacía de la Generalitat, la adquisición de Valmor Sports fue «más allá de lo autorizado por la junta de accionistas» de la sociedad pública Circuito del Motor, cuyo acuerdo «solo prevé un desembolso de 0,99 euros» sin que exista «una previsión de desembolso mayor».

Un pasivo de 31,8 millones

«Nunca debió de proponerse a la junta de accionistas la adquisición de Valmor a sabiendas de que tenía un valor contable negativo», como era unos pasivos frente a terceros de 31,8 millones y una previsión de patrimonio neto negativo de 14,6 millones», manifiesta la Generalitat.

Considera que proponer la compra sin advertir de este hecho constituye una conducta «realmente de gravísima negligencia», y no comparte la idea de que la adquisición de esta empresa fuera la operación más razonable para garantizar la continuidad del Gran Premio de Fórmula Uno.

Señala que existían otros contratos y pactos suscritos que aseguraban la continuidad de la carrera, de los que eran conocedores los responsables de Circuito del Motor, por lo que aceptar sin más esa conclusión supone, a su juicio, «una absoluta falta de diligencia».

Además, destaca que, desde que se inicia la relación entre Valmor Sports y Circuito del Motor en 2008 hasta que se propone su adquisición a finales de 2011, hay una dejación de funciones propias de aquellos que tenían competencia y obligación de reclamar la deuda o evitar el perjuicio para los fondos públicos.

Indica que, desde que ambas empresas suscribieron en 2008 un contrato por el que Circuito del Motor se encargaría de la organización de la Fórmula Uno a cambio de una contraprestación «razonable y equitativa» por parte de Valmor, ésta no ha abonado los gastos de 2008, 2009 y 2010 ni consta que se le hayan reclamado. Para la Generalitat, existe una conducta «claramente negligente» por parte de los demandados por no haber reclamado los 14,6 millones a Valmor y por haber propuesto su compra sin aportar datos relevantes, lo que, según calcula, produjo un perjuicio de 23,99 millones de euros.