Los desahucios continúan a la orden del día en la Comunitat Valenciana. A pesar de los esfuerzos que aseguran hacer las administraciones públicas -tanto la central, como la autonómica y las locales-, las ejecuciones hipotecarias siguen arrojando cifras elevadas en Alicante, València y Castelló.

Según la información que acaba de hacer pública el Instituto Nacional de Estadística (INE), la C. Valenciana cerró el primer trimestre del año como la segunda autonomía española con un mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias. Fueron en total 2.968 entre enero y marzo.

O, lo que es lo mismo, una media de 32 diarias. Solo Andalucía, con 4.768 casos, arroja guarismos peores a los de las comarcas valencianas. Ni Madrid (1.269), ni Cataluña (2.598) se acercan a los datos de la Comunidad.

Los datos, con todo, son sensiblemente mejores que los de los últimos años en el primer trimestre. Así, hasta marzo de 2016 se contabilizaron 3.304 ejecuciones en la Comunitat, en 2015 la cifra fue de 4.853, mientras que en 2014 quedó cuantificada en 4.230.

Sin embargo, el todavía elevado número de ejecuciones hipotecarias del actual ejercicio abrirá una bronca política en las Cortes. La diputada del PP por Alicante Elisa Díaz advirtió ayer de que trasladará el problema a la Cámara autonómica con el objetivo de que la Generalitat redoble sus esfuerzos en materia de vivienda.

«Este Consell, que cuenta con 2.700 millones de euros más de los que contamos nosotros en nuestros últimos presupuestos, poco ha invertido en vivienda. Y se atreven a decir en el Pacto del Titánic (como han bautizado los populares al Consell) que van a poner 1.000 viviendas anuales a disposición de alquileres sociales, pero ya estamos viendo que es una mentira más del tripartito, el mismo que además cuenta ahora con 851 millones de euros que le llegan del Estado y que desde el PP esperamos que dediquen de manera significativa a ayudar a evitar nuevos desahucios en la Comunitat y así a abandonar ese vergonzoso segundo puesto que nadie quiere», señaló la parlamentaria. Díaz censuró la política de la consellera de Vivienda, María José Salvador, y lamentó que el Ejecutivo autonómico no haya impulsado todavía un plan de empleo para personas en riesgo de perder sus casas.