Personas condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad por delitos de malos tratos en el ámbito familiar o contra la mujer y por delitos contra la seguridad vial cumplen su pena realizando labores de archivo en dependencias judiciales.
Así lo aseguran funcionarios de la Administración de Justicia de València, quienes a través de su Junta de Personal han denunciado esta práctica con el riesgo que ello supone al tener acceso a información sensible y datos personales de causas judiciales.
«Nos dicen que son condenados por delitos menores pero es muy grave que estén manejando expedientes y datos a los que solo pueden tener acceso funcionarios. Además deambulan a sus anchas por zonas de acceso restringido», remarca Rafael Redondo, responsable de Intersindical y la persona que ya alertó de este problema hace meses.
Desde la Junta de Personal defienden que con estos trabajadores externos, penados a trabajos comunitarios, se están cubriendo plazas de funcionarios y se está amortizando la plantilla. Y se está incumpliendo precisamente la finalidad de dichas condenas.
Por su parte, fuentes de la Conselleria de Justicia aseguran que no tienen constancia de que los condenados a trabajos en beneficio de la comunidad estén realizando labores propias de los funcionarios, pero que en todo caso «se va a revisar el marco legal y se va a hablar con Instituciones Penitenciarias para determinar realmente qué funciones desempeñan y tomar las medidas oportunas».
