El nuevo modelo de atención en centros de acogimiento infantil comienza a desplegarse. La Generalitat ha sacado ya a licitación 602 plazas de atención residencial en centros de acogida ubicados en la Comunitat Valenciana, para la atención de niños y adolescentes del sistema de protección, que se encuentren bajo la guarda o tutela de la Generalitat. Se trata de una acción relevante: el importe total para financiar este servicio roza los 74 millones de euros.
Estas plazas saldrán a concurso en ocho lotes. El primero incluye 42 plazas de atención general en la provincia de Castelló; el segundo, 16 plazas de atención a la primera infancia con necesidades especiales en la provincia de València; el tercero 20 plazas en centros de protección específico de menores con problemas de conducta en València. Y el cuarto, 14 plazas de atención a adolescentes embarazadas y madres adolescentes en València.
Por su parte, el quinto engloba 260 plazas de atención general en València; el sexto es de 20 plazas de atención a la primera infancia con necesidades especiales en Alicante; el séptimo lote corresponde a ocho plazas de atención a adolescentes embarazadas y madres adolescentes en la provincia de Alicante; y el último es de 222 plazas de atención general en Alicante.
La duración del contrato será, como máximo, de doce meses a contar desde el día siguiente a su formalización, que se estima su inicio el 1 de julio de 2017, y acabará, en todo caso, el 30 de junio de 2018, ambos inclusive. La fecha límite de presentación de ofertas será el 14 de julio de 2017.
La licitación se produce un mes después de que la vicepresidenta Mónica Oltra, consellera de Políticas Inclusivas, presentara esta remodelación. El nuevo sistema contempla reducir el número de plazas en los distintos centros. Se buscan centros más parecidos a hogares.
Según fuentes de la conselleria, estos contratos permitirán asegurar a la Generalitat «la disponibilidad de plazas para el ejercicio de la medida de acogimiento residencial de menores cuya tutela o guarda ejerce, y la atención integral de menores cuando no es posible o adecuado el acogimiento familiar». Tras los escándalos que han salpicado a los centros de menores, esta es la primera gran piedra que el Consell deposita en el camino de la transformación de un modelo cuya gestión sigue, en gran parte, externalizada.
