«No hagas caso a la carta», «esto es un problema burocrático», «las pruebas se hicieron a tu hijo porque era prematuro» o «lo único que falta es un papel» son algunas de las explicaciones que los responsables del departamento de salud de la Ribera, gestionado por la unión temporal de empresas Ribera Salud II, han dado a los padres sobre las pruebas adicionales que se les hicieron a sus hijos mientras estaban sedados sin que ellos tuvieran conocimiento o hubieran dado permiso.
Así lo han explicado a Levante-EMV dos de las 18 familias que han sido notificadas de lo sucedido por la Conselleria de Sanidad y cuyos expedientes están ya siendo investigados por la Fiscalía de Menores. Ambas historias coinciden en que, tal como han defendido desde la empresa gestora del departamento, sí se han puesto en contacto con los padres para «transmitirles absoluta tranquilidad y atender sus dudas» pero esta llamada no se ha producido hasta que la notificación oficial de Sanidad ha llegado a sus casas, algo que no ha gustado entre los afectados y ha levantado suspicacias.
«Estoy seguro de que si no llega la carta a casa no nos hubiéramos enterado de nada», mantiene el padre de Roberto, uno de los niños que, con dos años y cuatro meses fue sometido a estas pruebas adicionales sin consentimiento previo. En su caso fueron «cuatro estimulaciones nerviosas motoras» mientras estaba sedado en el servicio de Neurofisiología al que había sido derivado para medir su capacidad auditiva con un estudio de potenciales evocados, según la carta que han recibido sus padres de la Dirección General de Alta Inspección Sanitaria.
«¿Has recibido una carta?»
Las llamadas tranquilizadoras desde el departamento de salud no han llegado desde la dirección del centro hospitalario sino que han sido los pediatras de los niños, que conocen su historial y tienen más trato con los padres, los encargados de abordar las explicaciones. En ambos casos las llamadas se produjeron cuando lo sucedido ya había sido notificado de forma oficial a los padres y, de hecho los profesionales preguntaban primero si la misiva había llegado a destino.
«Del hospital nos han dicho que os tiene que haber llegado una carta» o «me ha llamado una persona del hospital y me ha dicho que has recibido una carta», fueron algunas de las frases introductorias de los profesionales que, además de tranquilizar a los padres sobre la inocuidad de las pruebas, insistieron en minimizar lo sucedido reduciéndolo a un tema «burocrático».
A Carmen, a cuyo hijo le sometieron a la estimulación de ambos nervios frénicos en 2014 cuando era un bebé de 14 meses, le dijeron directamente que «no hiciera caso de la carta» ya que el problema venía porque «no había firmado un papel».
«Se tapan unos a otros»
Su pediatra contactó con ella vía telefónica solo dos días después de que ella recibiera la misiva en casa. Indignada tras leer el contenido, Carmen le pidió explicaciones. Su pediatra justificó las pruebas adicionales no ya en un mejor diagnóstico sino en que el niño había sido seleccionado para ello por ser «prematuro. Además me hizo leerle la carta de la conselleria y me dijo que se estaba haciendo una auditoría y me había tocado a mí la revisión del expediente y que faltaba esa firma».
«Yo creo que se tapan unos a otros y se protegen», lamenta Carmen que también cree que el departamento de la Ribera, bajo concesión administrativa, no hubiera «dado la cara» sino «se ven empujados» por la investigación de la Conselleria de Sanidad que se produjo a principios de año.
En el caso de la familia del pequeño Roberto, su pediatra les contactó telefónicamente un sábado después de que el padre se presentara el viernes en la consulta carta en mano para pedir explicaciones. «Me tuve que ir antes de que me pudieran atender y esa tarde tenía dos llamadas y el sábado me volvió a llamar». Ahí ya pudieron hablar y las explicaciones que recibió tampoco le gustaron. «Del hospital nos han dicho que os tiene que haber llegado una carta», comenzó la conversación para, después asegurarle que era «un tema burocrático y que no hiciera caso que todo el problema venía por la discusión que hay ahora con la Conselleria de Sanidad» al respecto de la próxima reversión del servicio a la sanidad pública tras cumplirse el contrato de 15 años el próximo 1 de abril de 2018. A este padre le aseguraron que con la autorización que firmó «valía para las dos pruebas, que todas quedaban cubiertas y que era un tema administrativo pero yo sigo pensando que sin la carta, no nos hubiéramos enterado de nada y nadie me hubiera llamado».
Vinculan la limitación de contratos con el aumento de las listas de espera
SanitatSolsUna, la asociación de profesionales y ciudadanos que defiende el modelo Alzira de privatización de la gestión sanitaria, ha asegurado que el bloqueo a nuevos contratos indefinidos está provocando un aumento de las listas de espera de algunas especialidades. Este bloqueo viene marcado por las normas de reversión impuestas por Sanidad que marcan, entre otras cosas, que desde marzo y hasta el paso del departamento a la gestión pública, la concesionaria debe pedir autorización para hacer cualquier cambio en la plantilla ya que los trabajadores serán subrogados el 1 de abril de 2018 por la conselleria. Fuentes de la entidad, han asegurado que Sanidad «no permite contratar a nadie de forma indefinida desde el 1 de abril de este año y eso está provocando que en algunas especialidades, cuando es necesario cubrir una plaza o reforzar la plantilla, no se encuentren profesionales porque Sanidad no da garantías para su continuidad, más allá del 30 de marzo del año que viene».
La asociación ha asegurado que la reversión «está provocando demoras» que antes no existían. Los profesionales de la asociación ha asegurado: «Vamos a pasar de ser un referente en multitud de especialidades y liderar las esperas más bajas de toda la Comunidad Valenciana a situarnos en el furgón de cola de una Sanidad que la consellera Montón están destruyendo con su mala gestión».
