El Juzgado de Instrucción número 21 de València ha acordado devolver a la Fiscalía el dictamen de la comisión de investigación de Les Corts sobre el accidente de Metrovalencia de 2006. El citado documento fue remitido al Juzgado por la Fiscal Jefa Provincial el 26 de junio, un año después de su aprobación y con la causa judicial ya sobreseída.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la instructora cree que procesalmente, estando el caso sobreseído, no puede incorporar el informe de Les Corts al procedimiento.

Por su parte, fuentes de Las Corts Valencianes defienden que no enviaron antes a la fiscalía las conclusiones de la citada comisión porque no querían interferir en los trabajos del juzgado de instrucción número 21. Así, «reconocen que los trabajos de la comisión parlamentaria respetan la independencia de la investigación judicial y el deber de reserva sobre la información judicializada».

En su resolución, la titular del Juzgado de Instrucción 21 de Valencia recuerda que las conclusiones de la comisión parlamentaria se recibieron en el Juzgado «un año después de su aprobación, cuando la causa ha sido sobreseída provisionalmente».

Además, ya «se han desestimado los recursos de reforma interpuestos por las partes», y ha «expirado también el plazo para la interposición de los recursos de apelación cuya resolución está pendiente de la Audiencia Provincial». Subraya, igualmente, que «en el año transcurrido entre la aprobación de las conclusiones y su remisión al Juzgado a través de la Fiscalía, ninguna parte pidió su incorporación a la causa, pese a que en ese tiempo el procedimiento se encontraba en trámite» y se han seguido practicando diligencias.

La Fiscalía pidió el pasado 26 de junio que el dictamen de la comisión parlamentaria de investigación se incorporara a la causa «a los efectos oportunos». La magistrada entiende que en el tramite actual, estando sobreseída la causa desde el 23 de mayo y pendientes de resolverse los recursos de apelación, no cabe la unión de dicho documento a las diligencias.

Por este motivo, devuelve el documento al Ministerio Público y pide que precise cuáles son los «efectos oportunos» a los que se refiere en el escrito. La resolución no es firme y puede ser recurrida en reforma ante el propio Juzgado de Instrucción.