El PP de la Comunitat Valenciana se enfrenta a la vuelta de las vacaciones a un juicio inimaginable hace tan sólo dos años. Cristina Macías, la jefa de la Abogacía General de la Generalitat en tiempos de Alberto Fabra ha demandado a los populares por despido improcedente después de que a principios de año el grupo popular de las Corts decidiera prescindir de sus servicios. Macías, con plaza de letrada en la Generalitat, fue la responsable de los servicios jurídicos del Ejecutivo valenciano durante la pasada legislatura. Con el cambio de gobierno, la funcionaria perdió el cargo (con rango de secretaría autonómica) y fue fichada por el PP como asesora del grupo.
Con el tiempo, sin embargo, la relación se fue deteriorando por cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo, según las fuentes consultadas. Cabe recordar que el PP de las Corts bajo la batuta de Isabel Bonig arrancó ya la legislatura con el despedido de buena parte del personal.
Así, en septiembre de 2015 se rescindió el contrato a la mitad de la plantilla, un total de siete empleadas. Los populares alegaron entonces razones objetivas para el despido y ofrecieron veinte días por año trabajado. Motivaron su decisión en que, al perder escaños y ver reducida la asignación a los grupos, había bajado la carga de trabajo y también los recursos para sostener un capítulo I de una plantilla de 14 personas. La salida de este personal (buena parte llevaba trabajando desde hacía muchos años para el PP) no fue pacífica ya que varias afectadas iniciaron acciones legales. En un caso (una despedida que acababa de incorporarse tras ser madre) el juicio por vulneración de derechos fundamentales estuvo a punto de celebrarse, aunque al final se alcanzó un acuerdo. Según fuentes del PP posteriormente se celebró un juicio con otra trabajadora en el que se dio la razón al partido.
Disputa por el horario
Año y medio después, el PP decidió prescindir de Macías tras un importante tira y afloja sobre sus condiciones de trabajo. Fuentes del grupo parlamentario apuntan que Macías contaba con una situación retributiva y de horarios privilegiada y que la abogada se negó a aceptar la nueva planificación horaria. «Ganaba más casi como un diputado y no trabajaba por las tardes», añaden las fuentes consultadas. El PP mantiene que tuvo que ajustar el horario del personal porque, en general, no se cumplía ni de lejos el estipulado en el convenio. Sea como fuera, el clima de malestar en la plantilla fue creciendo hasta el punto de que se buscó un abogado para hacer frente común. Por lo pronto, se buscó un represente de los trabajadores. Y Macías iba a ser la delegada del personal.
Al ser despedida, la letrada demandó al grupo por vulneración de derechos fundamentales, pero hubo un nuevo acuerdo previo con la empresa y se le concedió el derecho a ser la representante de la plantilla pese a estar fuera ya del grupo parlamentario.
La demanda por despido improcedente (Macías pide, en primer lugar, que se declare nulo su despido) ha seguido su curso y está previsto que haya juicio en septiembre. Mientras tanto, Macías ha solicitado una batería de pruebas a las Corts para demostrar que no existían un despido por causas económicas. Entre los papeles solicitados, está la certificación de la asignación que recibe el grupo, la relación de personal con acceso al grupo, etc.
Macías, que se encontraba en servicios especiales, pidió su reingreso a la Abogacía de la Generalitat y desde hace meses trabaja junto al resto del cuerpo letrado. La exalto cargo rehusó hacer declaraciones a este diario, aunque sí lamentó el trato recibido por el partido para el que estuvo trabajando durante años.
