La pieza del caso Taula que investiga el presunto pitufeo (blanqueo de capitales en pequeñas cantidades) supuestamente cometido por el grupo municipal popular del Ayuntamiento de València ha agotado la primera fase de investigación. El pasado 15 de agosto finalizaron los primeros 18 meses de instrucción que prevé la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) para investigar las causas declaradas complejas.
Al agotarse la instrucción, la ley obliga a dejar de practicar diligencias de investigación y dictar el auto de apertura de procedimiento abreviado (previo al juicio o vista oral) a menos que el juez dicte una nueva prórroga en las pesquisas de la causa.
Y es, previsiblemente, lo que sucederá con toda probabilidad. La pieza en la que se investiga al medio centenar de ediles, exconcejales y asesores del Partido Popular del Ayuntamiento de València aún tiene pendiente de recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la documentación recopilada en la subpieza separada que investiga la presunta financiación ilegal de la campaña popular en 2007, a través de la empresa de comunicación Laterne. De ahí que no sea probable que se dé por finalizada la investigación de esta subpieza que aún podría prorrogarse unos meses más. Según la Lecrim, «el plazo especial de 18 meses para los casos en que la instrucción sea declarada compleja, puede ser prorrogado por un nuevo plazo de hasta 18 meses» que también puede ser ampliado por «otro nuevo plazo máximo infranqueable» aunque no concretado por la ley.
La coincidencia de estos plazos con el periodo vacacional ha retrasado la notificación del auto de prórroga de la investigación que el magistrado del Juzgado de Instrucción 18, Víctor Gómez Saval, debe haber dictado, aunque el pasado viernes no se había notificado a las partes, según confirmaron a Levante-EMV fuentes de las defensas de los investigados. Los letrados de los ediles y asesores investigados han intentado reiteradamente que se archivara la causa que investiga el pitufeo (al no considerar acreditados los hechos) y por coherencia con la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) de no investigar al exedil y diputado, Miquel Domínguez. Pretensiones que ha rechazado el juez.
