Satisfacción extraprocesal. Estas dos palabras resumen la estrategia que empieza a ser habitual cuando el Consell de la Generalitat se encuentra con un recurso judicial del PP por no recibir la documentación solicitada a través de las Corts. No siempre se aplica, pero el ejecutivo parece que ya ha tenido suficientes condenas, pese a defender que no niega documentación, sino que o no la tiene o no dispone de toda ella como el PP la solicitaba.
Con todo, seis casos permanecen abiertos en los tribunales, que han impuesto hasta siete condenas al Consell obligándole a entregar documentación que los populares solicitaban. Excesiva, improductiva, sin sentido en muchos casos, en opinión del Consell, que ha lamentado que las solicitudes de información masiva colapsan servicios en una comunidad que es actualmente la que menos empleados públicos tiene de España proporcionalmente.
Pero los criterios garantistas de la democracia conllevan estas situaciones. Los populares pedirán mucho, sin mucha utilidad tal vez, a juicio del ejecutivo, pero los juzgados no entran en esas exquisiteces, sino en proteger el derecho a la información de los diputados del PP. No hay más. Y no es poco.
Los populares tienen un buen espejo en que mirarse. Compromís coleccionó varias condenas al Gobierno de Alberto Fabra por negarles documentación. Si la entonces oposición pedía los expedientes, por ejemplo, de la Fórmula 1, el PP ha pedido en esta legislatura la caja fija de las universidades públicas retrotayéndose incluso a los años de gestión popular y sin darse por satisfecho con el listado de facturas, sino reclamando copia de todas. Miles. Se puede interpretar como una particular ley del talión. Pero corregida y ampliada.
Con los datos concretos encima de la mesa, en los dos primeros años de la legislatura anterior, la octava, hasta el 5 de junio de 2013, se cursaron 8.588 solicitudes de documentación. En el mismo tiempo, en el mandato «del cambio», desde julio de 2015 hasta el 5 de junio de este año, se han tramitado 12.053. Son un 40 % más. El 97,4 % han sido contestadas, según datos de la Generalitat. En el periodo anterior se había respondido al 91,2 %.
El diputado y exvicepresidente del Consell, José Císcar, admite el cambio de actitud del ejecutivo de Ximo Puig y Mónica Oltra. «Al principio eran más reticentes. Ahora no esperan a la sentencia y entregan lo solicitado», afirma a Levante-EMV. «Por parte nuestra no ha habido ningún cambio -añade-; podríamos haber presentado muchos más recursos, pero tenemos que seleccionar, no hay medios para todo. Si la documentación consideramos que es sustancial, seguiremos recurriendo».
El director general de Relaciones con las Corts, Antonio Torres, explica que si el PP exige un volumen muy elevado de datos intentan dárselo por entregas para evitar colapsar los servicios de la raquitizada Administración.
El enredo de Justicia
La primera condena contra el Consell es de septiembre de 2016. El caso es paradigmático e ilustra bien la pelea judicial. El PP exigió una auditoría interna de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas tras referirse a ella la consellera Gabriela Bravo en una comparecencia. Luego esta alegó que no existía una auditoría como tal, sino que era otro documento sin ese rango. Los populares insistieron y el juez les dio la razón en la sentencia. Según Císcar, la conselleria llegó en un momento a admitir que el trabajo existía. Pero finalmente el propio juez ha acabado decretando la imposibilidad material de ejecutar la sentencia, porque la Generalitat insiste en que la auditoría no existe y no puede dar algo que no existe.
En una situación similar está el caso de Carns de Morella. El PP exige el informe en el que sustenta su aparición en unos presupuestos. La Generalitat sostiene que no hay más que una ficha, como es habitual en las cuentas. Un juzgado falló a favor del PP, pero el ejecutivo ha recurrido por la imposibilidad material de ejecutar la sentencia. El caso está abierto.
También lo están los de los informes de Intervención que solicitó el PP (recurridos en casación), el del plan de inspecciones tributarias (pendiente de sentencia), el de la caja fija de las universidades (pendiente de entregar las facturas por los rectorados), el de la gestión de los impuestos cedidos a la autonomía o el del informe de la comisión de reforma tributaria (a expensas de la resolución judicial).
Mientras tanto, se han cerrado sin sentencia los litigios sobre las copias de las actas del Consell que pedía el PP, el de las cuentas de la vieja RTVV, el de las ayudas al valenciano, el de la bolsa de trabajo del Hospital Clínico de València o el de los informes de Intervención entre 2015 y marzo de 2016. En este el tribunal impuso pago de costas al ejecutivo. En otros la ha eximido. Así hasta ocho casos en los que prevalece ahora la satisfacción extraprocesal.
