Desde la empresa privada, que está en guerra abierta con la administración valenciana por la próxima reversión a la gestión pública del departamento de Alzira tras cumplirse el contrato, se ha presentado ya una instancia a la Conselleria de Transparencia para solicitar que se investigaran las reuniones entre miembros del Consell y responsables del patronato del IVO que se han sucedido durante los 10 días de plazo extra concedido a la institución para presentar la documentación, y que expiraron ayer. La intención era saber si se estaba prometiendo por parte del Consell algo no previsto en los pliegos y que alterara de, alguna manera, la convocatoria oficial de contrato.

La consellera insistió ayer en que en esta semana los pliegos no habían sido modificados y que los encuentros habían servido para dar «explicaciones» ulteriores de cómo se iba a aplicar el contrato «y con esas explicaciones se han sentido satisfechos» y por eso habían apostado por mantener la colaboración en el servicio oncológico como se ha venido haciendo en los últimos 40 años. Los informes emitidos por la Abogacía de la Generalitat descartaban también responsabilidades para los patronos si, eventualmente, se llegara a declarar la nulidad del acuerdo.