El pleno del Consell ha acordado incluir, un año más, una partida reivindicativa de 1.325 millones en los Presupuestos de 2018 ante la inacción del Gobierno central, que aún no ha modificado el sistema de financiación autonómica que lleva caducado desde el 1 de enero de 2014.
El objetivo de la medida es hacer efectivo el principio de suficiencia y equidad previsto en la Ley 22/2009 de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con estatuo de autonomía (Lofca), así como garantizar los derechos de todos los valencianos de forma que la prestación de servicios públicos en nuestra comunidad se sitúe en niveles similares a los del conjunto de las autonomías.
Además de no reformar el modelo de financiación autonómica, el Gobierno tampoco ha aprobado un Fondo Transitorio para la Comunitat Valenciana y para otras autonomías infrafinanciadas, en tanto no se apruebe la modificación del modelo de financiación y, en consecuencia, la Comunitat no disponga de los mismos recursos que la media de las autonomías, denunció ayer tras el pleno del Consell la vicepresidenta, Mónica Oltra, quien aseguró que se trata de un toque de atención al Gobierno para que proceda a renovar el modelo de financiación caducado.
Ingresos adicionales
La Comunitat Valenciana, tal como ha quedado contrastado en los diferentes informes económicos, emitidos tanto por instituciones públicas como privadas, necesitaría disponer de ingresos adicionales para alcanzar la media de recursos por habitante del conjunto de las autonomías. Este hecho ha sido nuevamente refrendado por el informe elaborado por la Comisión de Expertos nacional para la reforma de la financiación autonómica. Asimismo, los informes señalan que el déficit que padece la Comunitat Valenciana es producido por un modelo de financiación que la discrimina en los ingresos que le atribuye, pese a que nuestro nivel de gasto es inferior al del resto de autonomías. A este escenario de infrafinanciación, se une la incertidumbre que genera que el Gobierno no apruebe en plazo la Ley de Presupuestos Generales de 2018, de forma que las comunidades autónomas carecen de un marco financiero-presupuestario lo suficientemente estable y transparente para poder proyectar sus propios presupuestos.
Además, hay que tener en cuenta que existen determinadas políticas sectoriales que es necesario desarrollar pese a no disponer de la financiación necesaria, lo que origina que las competencias atribuidas tengan que ser desarrolladas con una menor dotación de medios.
Mientras, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recomendado a la Comunitat Valenciana que ajuste sus escenarios presupuestarios y su ejecución para compensar riesgos detectados.
