Los beneficios fiscales entendidos como la minoración en los ingresos de la Generalitat por exenciones o bonificaciones fiscales en los tributos cedidos ascenderán a 541 millones de euros, según la previsión contemplada en el proyecto de presupuestos de 2018. Supone un 33 % más que lo previsto para este ejercicio cuando el ahorro se calculó en 407 millones, pero la cifra está muy alejada de las previsiones que hacía el PP cuando gobernaba; una tercera parte.
Las bonificaciones fiscales constituyeron una herramienta clave para los gobiernos del PP, sobre todo en época electoral. Año tras año, los gobiernos del PP plasmaron en las cuentas una amplia gama de deducciones para perdonar impuestos a la ciudadanía valenciana. Fue una política muy criticada por la izquierda, que entendía que los principales beneficiarios eran quienes más tenían. El punto de mira estaba en los impuestos que gravan las herencias, así como el de patrimonio.
El debate sobre si es positivo o negativo bajar la presión fiscal o subirla vía beneficios sigue abierta, pero tras el cambio de Gobierno en la Generalitat, los actuales gestores optaron por el tijeretazo, de manera que los beneficios fiscales pasaron de 1.297 millones en 2016 (todavía bajo influencia popular) a una previsión de 407 millones en 2017. El motivo fundamental fue la decisión de recortar las ventajas fiscales en sucesiones, donaciones y patrimonio. El impacto de estas modificaciones se dejó sentir en 2017, el segundo año completo del Botànic.
El Consell se ha mantenido firme en las cuentas de 2018 en su voluntad de mantener la presión fiscal en los citados impuestos en contra del criterio de PP y Ciudadanos, que aprietan para que se rebajen estos tributos y se vuelva a la época dorada de las exenciones fiscales del PP.
Los distintos gobiernos del PP crearon las condiciones para que la C. Valenciana se convirtiera en una suerte de paraíso fiscal para quien recibía una herencia o acumulaba una determinada cantidad de patrimonio. Las cifras son clarificadoras del giro dado. En 2009, primer año de la crisis económica, el Consell presidido por Francisco Camps, diseñó unos presupuestos en los que la minoración de ingresos tributarios por ventajas fiscales ascendió a 1.949 millones, la cantidad mayor en beneficios de los últimos diez años. Más de la mitad, en torno a los 1.300 millones fue el dinero que el Consell perdonó a quienes heredaban o amasaron fortunas.
En 2018, se dejará de ingresar por este concepto 487 millones. Es,con todo, una cantidad muy superior al cálculo de beneficios fiscales que se fijó en las cuentas de 2017 (349 millones) por los citados impuestos. El Consell de Puig ha introducido pocos cambios respecto a 2017 en su política de beneficios. La regulación de los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio es prácticamente la misma. La diferencia debe buscarse en la mejora de la economía y en cuestiones técnicas, como el criterio de caja. En 2017 sólo se contabilizó un semestre de los impuestos abonados con cargo a 2016, lo que explicaría una actualización al alza en 2018.
En todo caso, y a pesar del recorte del Botànic, la memoria de beneficios fiscales también evidencia que la principal vía de ahorro para los valencianos sigue estando en estos impuestos, que aún conservan deducciones importantes de la época del PP.
Además, el Consell ha optado por mantener el paquete de bonificaciones a la renta (hay 24 diferentes) que en su día presupuestó el PP: ayudas a guarderías, conciliación, alquiler, etc. Afectan a un colectivo muy pequeño, por lo que Hacienda ha obviado la opinión de los expertos que en su informe abogaban por una regulación de las bonificaciones. El año próximo se incorporará como novedad una regulación que facilita la deducción por alquiler. Con todo, tendrá poco impacto.
