El conseller de Educación, Vicent Marzà, subrayó ayer en las Corts que "la detección de 2.000 horas dobladas por parte del profesorado que imparte Religión" en centros públicos de la Comunitat Valenciana ha permitido "un ahorro de cuatro millones de euros".

Marzà hizo estas declaraciones en el pleno de las Corts, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada de Compromís Isaura Navarro sobre los 22 docentes de esta materia que supuestamente estaban siendo pagados con fondos públicos pero realmente trabajaban para la diócesis. Estas supuestas irregularidades, según detalló Navarro, están siendo objeto de una investigación por parte de la Fiscalía y la Policía.

Marzà ha subrayado la disposición del Consell a colaborar con la Justicia porque «no puede haber recursos públicos para pagar cuestiones que no lo son» e insistió en que, de confirmarse esas irregularidades, «será muy grave». Añadió que velará «para que eso no vuelva a pasar, como no pasa ahora».

Remarcó que la oferta educativa religiosa es obligatoria por una norma estatal, aunque cree que «no debería haber ninguna religión en la escuela, pero es obligatoria y existen acuerdos del Estado con diferentes confesiones». En este punto, aseguró en que el Consell cumple la legalidad con esa oferta obligatoria pero ha implementado medidas para la eficiencia en el uso de los recursos, garantizando siempre que quien haya pedido cursarla la tenga garantizada.