Según ARP, «hasta se está reconociendo en algún caso por parte de la administración policial» que estos vehículos se vienen utilizando «para uso personal, desplazarse a sus domicilios o para disfrute en periodo vacacional». En esta línea, han considerado que el uso «indebido» de «cientos de estos vehículos» supone un «gasto inaceptable de recursos públicos». Así, han criticado que, en algunos casos, se han asignado vehículos de uso exclusivo a funcionarios no adscritos a los grupos de investigación, que son quienes deben usarlos.
