La Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat, que se encarga de incoar los expedientes sancionadores por delito ecológico, ha confirmado a Levante-EMV que ha recibido las denuncias impuestas por la Policía Local de Picassent contra 11 transportistas por manipular las emisiones contaminantes de sus camiones a través de «emuladores» de Adblue.
Como avanzó en exclusiva este periódico hace una semana, la pionera campaña de vigilancia, sin precedentes en España a nivel municipal de la Policía Local de Picassent ha disparado las alarmas sobre lo extendido que puede estar en la Comunitat Valenciana el fraude de los «emuladores» de Adblue en el transporte por carretera.
Estos chips anulan el sistema que reduce hasta un 90 % las emisiones de los peligrosos óxidos de nitrógeno (NOx) de los motores diésel «ecológicos» de los camiones más modernos, convirtiéndolos en auténticas máquinas de contaminar.
Los chips, que se venden desde 70 euros, permiten a los camiones circular sin el aditivo que utiliza el catalizador para disolver en agua y nitrógeno los NOx, una solución de urea diluida al 32,5 % en agua desmineralizada cuyo nombre comercial es Adblue. Un fabricante de este aditivo ya denunció en abril pasado ante la Fiscalía de Barcelona que el fraude de los «emuladores» podría alcanzar a uno de cada 10 camiones.
Protocolo navarro
La Policía Local de Picassent ha remitido a la dirección general del Cambio Climático y Calidad Ambiental del Consell las denuncias a los 11 camioneros, la mitad de ellos extranjeros, porque ha seguido el mismo protocolo de la Policía Foral de Navarra, la única que en España ha realizado una campaña sistemática de vigilancia de este fraude que en sus primeros cuatro meses ha denunciado a 25 transportistas. En esta autonomía, que tiene transferidas las competencias de Tráfico, las sanciones las establece el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
Siguiendo el protocolo navarro, trucar el catalizador con un «emulador» de Adblue comporta una doble sanción. En primer lugar es una infracción al Reglamento General de Vehículos, lo que supone una multa automática de 200 euros, que se reducen a 100 por pronto pago.
Y además una infracción leve con multa de hasta 20.000 euros a la Ley 34/2007 de calidad del aire. Otros países como Holanda, ante la preocupación por la expansión del fraude , han arbitrado multas de hasta 25.000 euros y penas de dos años de prisión por delito ecológico.
Sin embargo, fuentes de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, dudan que se pueda aplicar a este fraude la ley de Calidad del Aire, pues consideran que más bien se trataría de un tema relativo al tráfico y la seguridad vial. Además, añaden que en principio no se podría sancionar a los transportistas dos veces por el mismo motivo, en referencia a la multa de 200 euros.
No obstante, avanzan que la Conselleria de Economía, que tiene la competencia de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), ha comunicado que el Ministerio de Industria «ha creado un grupo de trabajo con las autonomías para evaluar la incorporación al reglamento de inspección de vehículos la vigilancia de los 'emuladores' de Adblue». De este modo, las ITV serían las encargadas de controlar esta manipulación del motor.
Al circunscribir esta manipulación de los motores de los camiones a una cuestión de seguridad industrial del vehículo, la conselleria de Medio Ambiente sostiene que la formación de los agentes de la Guardia Civil y las Policías Locales para desarrollar un protocolo de vigilancia correspondería tanto al Ministerio de Industria como al de Interior.
