Casi un año después de que el Consell de Ximo Puig admitiera la necesidad de habilitar una vía especial para consolidar el empleo de los más de 5.000 interinos de la Generalitat (sin contar el sector docente y sanitario), el momento ha llegado. En 2018, al menos, y probablemente en los siguientes ejercicios, habrá convocatorias de empleo público con facilidades para que este personal pueda convertirse en funcionario de carrera, un proceso al que, sin embargo, le falta la letra pequeña y que según se desarrolle podría, como ya ocurrió hace más de una década, acabar en los tribunales y generar un conflicto entre los aspirantes a una plaza pública.
A diferencia del proceso llevado a cabo en los años 2004, 2005 y 2006 por el Ejecutivo popular, en esta ocasión hay cierta unanimidad sindical en torno a la necesidad de acabar con una temporalidad que en términos generales alcanza el 33%, si bien existen matices sobre cómo deben ser estas pruebas. UGT, CSIF e Intersindical optan por procesos más ventajosos y CC OO, que recurrió el proceso de 2004, abre la puerta a facilidades, pero con límites.
Y es que la batalla por los interinos no es neutral. A los intereses del propio colectivo se suman los propios de los sindicatos más representativos (este personal también vota en las elecciones sindicales) y los de la propia administración, que busca un punto intermedio que suponga no dar la espalda a un colectivo poderoso y al mismo tiempo no frustrar las expectativas de miles de personas que nunca han trabajado en la Generalitat.
Las dificultades para llegar a un acuerdo (necesario para evitar recursos judiciales) se vio ya antes de Navidades en la reunión entre la conselleria de Justicia y Administración Pública y los sindicatos para aprobar la oferta de empleo público de 2017. Una oferta que contiene ya una convocatoria de más de mil plazas pensadas para la consolidación del empleo temporal. La oferta, que solo fue firmada por CC OO, sólo marcaba normas muy generales respecto a cómo debía ser esta vía especial: concurso-oposición, con una valoración del concurso de hasta un 40% y con el compromiso de contar como mérito el tiempo trabajo en la administración.
El documento obviaba cualquier referencia al tipo de prueba, baremos, etc. Cuestiones claves para determinar hasta que punto la conselleria pondrá o no las cosas fáciles al personal. De momento, se ha dado un plazo a los sindicatos para que presenten sus propuestas.
El departamento de Gabriela Bravo cuenta desde hace un año con un informe de la comisión de expertos en la que se muestra a favor de proceso especiales para la reconversión de empleo precario en fijo, si bien advierte de los riesgos de «dar un trato prioritario absoluto a la consolidación de empleo precario» en el desarrollo de las ofertas de empleo público. «Si así fuera quedarían segadas de raíz las expectativas de muchos ciudadanos y ciudadanas, presuntamente jóvenes en su mayoría, de acceder al empleo público y se limitaría drásticamente la renovación generacional en la función pública valenciana, que parece necesaria».
Por ello, los expertos apuntan que los proceso de consolidación no deberían exceder el 50% de las plazas que se convocan en las ofertas. Con las actuales restricciones del Gobierno central (tasa de reposición) este consejo no es viable. La oferta de empleo de 2017 apenas contiene un centenar de plazas nuevas, en teoría, las únicas a las que gente de la calle puede aspirar con expectativas de no verse superada después por un interino en la fase del concurso.
Cabe apuntar además que el departamento de Gabriela Bravo está muy preocupado por la vertiente jurídica. La consellera quiere un proceso con las mayores garantías jurídicas y descarta procesos muy excepcionales. Bravo, jurista de profesión, está estudiando los procesos que se han llevado a cabo en otras comunidades antes de plantear su propuesta.
Con todo, el proceso de 2003, que finalmente validaron los tribunales, será la referencia.
