El 27 de mayo de 2007 Francisco Camps ganó las elecciones autonómicas valencianas con más de 1.270.000 votos. Una década después, acorralados por la investigación judicial, diez empresarios reconocían haber financiado con los 1,1 millones tanto esa campaña como la de 2008. Ahora, tras un año de retraso, finalmente los acusados se sentarán en el banquillo por la presunta financiación ilegal del PP valenciano.
El momento será el próximo 15 de enero, en nueve días, si no se producen más retrasos (en un principio debía haberse celebrado la vista oral en marzo del año pasado, pero una baja médica de uno de los fiscales y la imposibilidad de comparecer del otro representante del Ministerio Público lo impidió). Entre los acusados se encuentra parte de la antigua cúpula del PP de la C. Valenciana, como Ricardo Costa, Vicente Rambla y David Serra, que se enfrentan a 7 años de cárcel por estos hechos. También saldrán de la cárcel -momentáneamente- para ir a declarar el cabecilla la trama Gürtel, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, «El Bigotes».
En la esfera empresarial se encuentran nombres como Enrique Ortiz, José Francisco Bevia y Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino. El acusado en la situación más delicada por ahora es precisamente este último, que ya ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal 6 de València a 18 meses de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad en documento mercantil. Una segunda condena podría implicar su inmediato ingreso en prisión.
Los empresarios «cantan»
La situación para los políticos valencianos se complicó en febrero del año pasado, cuando una decena de empresarios admitió haber financiado ilegalmente al PP a cambio de una rebaja de la pena.
Enrique Gimeno Escrig, Antonio y Alejandro Pons Dols y Gabriel Batalla, por ejemplo, son los más beneficiados por el pacto alcanzado ya que se les acusaba de tres delitos electorales y otro de falsedad documental a cada uno de ellos, que sumaban seis años de cárcel y que ahora quedan reducidos a 21 meses de prisión, eludibles con el pago de multas.
Tomás y Rafael Martínez Berna logran rebajar de 5 años a 18 meses la pena impuesta. Y, por último, Enrique Ortiz, José Francisco Bevia y Vicente Cotino Escriba pasan de cuatro años de cárcel a quince meses de prisión.
Lo que se dirimirá en la vista oral será, por tanto, delito electoral y falsedad en aquellas citas electorales, pero no solo las que ganó Camps (quien después dimitió por la pieza que enjuiciaba el caso de los trajes). Algunos de los actos electorales pagados con dinero en «B» se organizaron para agasajar al presidente del Partido Popular Mariano Rajoy, durante sus visitas en 2007 a Feria Valencia y Alicante y para abonar el «vídeo cena Rajoy» celebrada en 2008 en el casino de Castelló, según un informe de la Agencia Tributaria.
