Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) de la Gonzalo Anaya, la confederación autonómica mayoritaria en la escuela pública de la Comunitat Valenciana, reclaman a la Conselleria de Educación «estudios comparativos oficiales sobre resultados académicos y del bienestar» de los niños y niñas de Infantil y Primaria escolarizados en la jornada intensiva que concentra las cinco horas diarias de clase de 9 a 14 horas con respecto al tradicional horario partido de mañana y tarde.
Los representantes de la Gonzalo Anaya, tras reunirse con el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, han emitido un comunicado en el que inciden que sin este tipo de informes los padres y madres votarán a ciegas en la consulta a las familias sobre la jornada escolar que la conselleria ha convocado para el 25 de abril en aquellos colegios que solicitan el cambio de horario. «Sería interesante acceder a estos informes para ejercer con más garantías nuestro derecho al voto», subraya la nota de confederación de Ampa.
Además, la Gonzalo Anaya rechaza que los consejos escolares de centro gestionen las actividades extraescolares de pago en horario lectivo previstas en la reforma de la orden que regula la jornada escolar y que se aplicará ya el próximo curso.
Los más de 550 colegios que cuentan con jornada continua (el 48 % de las escuelas públicas y apenas el 3,7 % de los concertados), están obligados ofertar una hora y media diaria actividades extraescolares para todos los alumnos, especialmente para aquellos niños cuyas familias no puedan recogerlos antes de las 17 horas.
Estas deben ser con carácter general gratuitas, pero el próximo curso también podrán ser de pago si así lo acuerda el colegio. Las condiciones que ha introducido el departamento del conseller Vicent Marzà es que si el centro implanta extraescolares de pago deben ser a un precio máximo por alumno y actividad de 18 euros mensuales. si el centro implanta extraescolares de pago deben ser a un precio máximo por alumno y actividad de 18 euros mensuales
Además, no podrán excluir a ningún niño o niña «por motivos económicos». Para cumplir esto último, los becarios de comedor estarán exentos del pago. Además, el consejo escolar de cada centro estudiará la extensión de la gratuidad al alumnado no becario que esté en unas condiciones socioeconómicas desfavorables.
«Esto implica que los consejos escolares tomen decisiones sobre quiénes pueden acceder a esas actividades, lo que puede generar un problema sobre la protección de datos de las situaciones de las familias», alerta la Gonzalo Anaya. «Nos oponemos a cualquier actividad de pago», subrayan.
Discriminación en el acceso
Otro de las cuestiones clave para la confederación «es la calidad de las actividades con coste económico». «Nos preguntamos sobre la preparación de los monitores que las impartirán teniendo en cuenta el precio máximo que marca el Consell. Nos preguntamos sobre la ratio de esas actividades, y los criterios para acceder a las mismas en el caso de que haya más solicitudes que plazas. Pero también pensamos que puede existir un problema de discriminación en el hecho de que parte del alumnado no pueda acceder a determinados tipos de actividades y que haya actividades de diferentes calidades: podemos tener alumnos de primera, de segunda y de tercera...», denuncian.
