El Tribunal Supremo confirmó que una mujer que trabajó como «english helper» (los auxiliares de la asignatura de inglés que contrató el anterior Consell del PP) cobrará finalmente los 6.819 euros que reclamaba por su trabajo (más intereses de demora), al considerar que debería haber percibido un salario equivalente al de una maestra y no al de una becaria.
El alto tribunal decidió desestimar el recurso que interpuso la Generalitat Valenciana contra una resolución de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que condenaba a la Conselleria de Educación a pagar dicha cantidad a la auxiliar.
La Abogacía basó su recurso en que no había pruebas de que la demandante hubiera realizado todas las tareas propias del cuerpo de maestros y en la unificación de doctrina, ya que existía una primera sentencia de instancia, de un juzgado de lo social, que no reconocía su derecho a cobrar como tal.
Sin embargo, ahora el Supremo, en un auto al que tuvo acceso Europa Press, razona que «no concurre el requisito de contradicción porque hay diferencias fácticas que explican fallos distintos, sin que ello suponga la existencia de doctrinas contradictorias».
Y hace notar que en la sentencia recurrida no está probado que la trabajadora realizara todas y cada una de las tareas propias de la categoría de maestros de lengua extranjera, aunque tampoco consta lo contrario, y el cometido funcional genérico desarrollado por la trabajadora es el de maestra de lengua extranjera.
El procedimiento se remonta a la petición que realizó esta mujer, representada por los letrados Javier Coto Hevia y Vicente Albert Embuena, para que le pagaran la diferencia entre el dinero que percibió realmente en concepto de beca (1.000 euros brutos al mes) y lo que le hubiera correspondido de acuerdo a la base de cotización de un maestro, 1.852,41 euros mensuales.
En total, la docente reclamaba 6.819,28 euros por el trabajo que realizó en tres centros escolares asignados por la Conselleria de Educación entre el 1 de octubre de 2012 al 31 de mayo de 2013. Cabe recordar que en 2015 los tribunales dictaminaron que los «english helpers» contratados para hacer prácticas tuvieron, de hecho, una relación laboral con la Generalitat.
