El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) no dirá la última palabra sobre la situación laboral de los técnicos de casi 200 municipios de menos de 5.000 habitantes. La Diputación de València ha presentado un recurso extraordinario ante el Supremo para que fije doctrina sobre este conflicto. Mientras tanto, los servicios jurídicos han acordado con los juzgados de lo Social congelar las vistas pendientes sobre municipios a la espera del pronunciamiento del alto tribunal. Hasta ahora, la gran mayoría de salas han fallado a favor de la Inspección de Trabajo, que considera que estos arquitectos e ingenieros, que dedican unas horas a la semana a pequeños municipios, mantienen una relación laboral con ellos y no pueden ser contratados como autónomos.
Como avanzó ayer Levante-EMV, el TSJ acaba de dar la razón al Ministerio de Empleo a raíz del recurso del Ayuntamiento de Potries. No obstante, la corporación señaló ayer que existe otra resolución anterior del TSJ (en el caso de Yátova) en sentido contrario. Ante este panorama, la diputación entiende que lo más prudente es que el Supremo marque una doctrina.
Este tipo de contrataciones de técnicos cualificados a través de los convenios que la corporación firmaba con colegios profesionales han funcionado durante más de 30 años, si bien el método ha empezado ya a modificarse.
