n El empresario Enrique Ortiz ha aportado en el juzgado una finca cuyo valor cubre la totalidad de la fianza impuesta a los acusados por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, según confirmó este diario. El magistrado Manrique Tejada impuso a seis de los nueve acusados una fianza solidaria de 1,3 millones para garantizar el pago de la responsabilidad civil en el caso de que sean condenados. La cantidad es el coste estimado del dinero que gastó el Ayuntamiento por la fallida tramitación del PGOU. Este dinero debía abonarse de manera solidaria entre los principales acusados. En el auto de apertura de juicio oral, la fianza se impone a los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, a los abogados urbanistas Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, así como a los empresarios Enrique Ortiz y Ramón Salvador Águeda y quedaban excluidos otros tres acusados.
La parte solidaria que tenía que pagar Ortiz para cubrir su parte de la fianza ascendía a 223.298 euros, según el escrito presentado en el juzgado por el representante del promotor, el abogado Francisco Ruiz Marco. En esa documentación se indica que la finca tiene una extensión cercana a los tres millones de metros cuadrados y se encuentra en el término municipal de Monforte del Cid. El letrado aporta un informe de tasación que valora estos terrenos en 1.406.985 euros, con lo que con ellos quedaría cubierta la totalidad de la fianza requerida al resto de los imputados.
Pena de cárcel para Ortiz
Los exalcaldes Castedo y Alperi están acusados de haber facilitado información reservada del futuro planeamiento urbanístico de la ciudad, cuando todavía era reservado a Enrique Ortiz, quien les habría agasajado con dádivas y regalos, según las acusaciones.
El fiscal reclama penas que suman diez años de cárcel a Castedo y Alperi por estos hechos, mientras que a Ortiz se le solicitan diez años. EU también pide diez años de cárcel para Castedo y Ortiz, mientras que para Ortiz solicita 13 años. El Ayuntamiento reclama a los dos exalcaldes cuatro años y para Ortiz, cinco.
EU y la Fiscalía han recurrido la decisión del juez de excluir para Ortiz el delito de aprovechamiento de información privilegiada y llevarle al banquillo por cohecho y tráfico de influencias. El juez desestimó la semana pasada estos recursos y ahora tanto el partido como la Fiscalía han presentado un recurso de queja que deberá resolver la Audiencia.
