La cuantía media del sistema de pensiones -incluyendo las de incapacidad, jubilación, viudedad y orfandad- en la Comunitat Valenciana se situaba en enero de este año en 856,85 euros. La pensión media de jubilación, sin embargo, es de 980,43 euros, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Hay un total de 973.857 pensiones en la Comunitat Valenciana. De ellas, 532.223 en la provincia de Valencia, 312.708 en la de Alicante y 128.926 en la de Castelló. La Comunitat concentra el 10,2 % de las pensiones del país.
Sin embargo, estas cifras de usuarios irán a más conforme avancen los años y también a menos, si se analiza lo que cobrará cada pensionista. Los jubilados serán más y vivirán más tiempo, pero cobrarán menos. El sistema de pensiones está en jaque, tal como publicó ayer este diario, y las dos reformas abordadas por el Gobierno en 2011 y 2013 (con Zapaterio y Rajoy al frente del Ejecutivo, respectivamente) se destinan a reducir el déficit que pone en riesgo la sostenibilidad de un sistema que parecía intocable en 1995 con el Pacto de Toledo y lanza un SOS dos décadas después.
¿Qué soluciones se pueden abordar? ¿Cómo se puede solucionar el problema actual? El profesor de Economía de la Univesitat de València y miembro del Instituto de Polibienestar, José Enrique Devesa, afirma que, en principio, la solución pasa por implicar a pensionistas y afiliados. «Los pensionistas actuales es posible que contribuyan con pérdidas de poder adquisitivo de sus pensiones, excepto para los que cobran pensiones mínimas, a los que habría que revalorizarles según el Índice de Precios al Consumo (IPC). Además, los afiliados cuando se jubilen en el futuro, se verán afectados por la implantación de las reformas de 2011 y de 2013, entre cuyas medidas cabe citar el retraso en la edad de jubilación, el aumento del número de años cotizados a 37 para tener una pensión del 100%, o el Factor de Sostenibilidad (que implica repartir el mismo dinero durante más tiempo al considerar el aumento de la esperanza de vida). Todo esto no implica necesariamente una pensión menor, ya que todo lo anterior puede compensarse con bases más altas o mediante el retraso voluntario de la edad de jubilación», explica el experto.
Otros ajustes a debate
Además, Devesa también pone encima de la mesa otras medidas como «reformular la prestación de viudedad para las nuevas altas, ya que, en muchos casos, ha dejado de tener sentido el objetivo para el que fue creado: la protección de aquellas mujeres que no podían acceder fácilmente a una carrera laboral» o aplicar «estrictamente el valor teórico del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), y financiar con impuestos la diferencia entre dicho valor teórico y la revalorización de las pensiones que se estimara oportuna. Esta diferencia tendría que financiarse con impuestos y no con cotizaciones, con lo cual se podría conseguir el principal objetivo de todo sistema de pensiones: la sostenibilidad de la parte contributiva».
El responsable de UGT en Bankia Comunitat Valenciana, Óscar Bayona, asegura que cualquier solución posible para mantener el sistema de pensiones en un futuro pasa «por crear empleo, pero generar trabajo de calidad porque, de lo contrario, no sirve de nada». «La viabilidad del sistema precisa del número suficiente de trabajadores. Tres empleos de ahora son uno de los de antes. Y, además, tenemos una población envejecida y tasas de paro juvenil como no se han visto nunca. En la actualidad, las pensiones no se autofinancian con los trabajadores, así que hay que abordar el problema teniendo en cuenta el envejecimiento de la población», explica Bayona.
Además, este experto también hace referencia a otra posible solución que cobra fuerza desde hace años: completar la pensión con planes individuales o de empresa. Sin embargo, destaca el «inconveniente» de que sean productos de gestión pasiva: «El gestor invierte a largo plazo. Cuando el mercado cambia, la capacidad de reacción, a diferencia de los fondos de inversión, es menor y puede haber pérdidas».
Una cuestión a tener en cuenta es que, según los expertos, no hay grandes diferencias entre la inversión del sistema público y el privado, porque sus gestores destinan el dinero a los mismos productos. La mayor diferencia es el volumen y que el público, que invierte más en deuda del Estado, garantiza la prestación de jubilación y su importe, mientras que el privado está al albur de los mercados.
Los expertos consultados por este diario ven necesario que la ciudadanía entre en dinámicas de ahorro, aunquen con algunas precisiones. Desde la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), José Luis Manrique se muestra partidario de aplicar el sistema británico, por el que todas las empresas están obligadas a tener un plan de pensiones para sus trabajadores. Cada mercantil hace una aportación, el empleado, otra y, finalmente, el Estado pone otra parte.
Esa sería la fórmula «óptima». Desde luego, Manrique rechaza modelos como el de Estados Unidos o Chile, donde el sistema es mayoritariamente privado «y te puedes encontrar con sorpresas como que no te dé suficiente para vivir y te veas en la necesidad de posponer la jubilación porque tu plan no ha funcionado». Bayona añade que «te puedes quedar sin pensión», además de la disparidad de rentas entre las «clases pudientes y las menos favorecidas».
