La Conselleria de Educación justifica el recurso a una empresa privada en la tramitación de las solicitudes de las becas escolares por la falta de personal propio. En este sentido subraya que la función de este contrato de 856.537,66 euros (IVA incluido) durante 24 meses «es poder proveer de recursos humanos a las Direcciones Territoriales de Educación en momentos puntuales de picos de trabajo que de otra manera -y con la plantilla estructural- sería imposible de gestionar, como por ejemplo las grabaciones de datos en procedimientos de resoluciones de becas, etc».
Fuentes del departamento del conseller Vicent Marzà aseguran que este procedimiento no es nuevo, pues sostienen que este contrato de servicios «se licita anualmente y desde hace años». Sin embargo, este periódico no ha encontrado anuncios de licitación por concurso público abierto «del servicio de revisión, control y justificiación de las solicitudes de las becas y ayudas» al estudio publicados por la Conselleria de Educación en los diarios oficiales de años anteriores.
«Acumulación de tareas»
Desde Educación explican que la empresa adjudicataria «se encarga de aportar personal que trabaja en las dependencias de las direcciones territoriales, asesorado por el personal técnico de la conselleria». Detallan también que estos contratos «son de la tipología de acumulación de tareas, la cual permite contratar en régimen de temporalidad».
Esta práctica no convence a los sindicatos. Las dos federaciones de Comisiones Obreras (CC OO) con representación en la Conselleria de Educación critican que se recurra a una empresa privada para tramitar las becas escolares en lugar de aumentar la plantilla. Fuentes de la Federació d'Ensenyament (FE CC OO), con respresentación en la Mesa Sectorial de Educación, considera que esta licitación «en la práctica es una externalización de la gestión de las becas.
La de Servicios a la Ciudadanía (FSC CC OO), que respresenta al personal de administración y servicios, aunque reconoce la falta estructural de personal de la Generalitat (que ha perdido 3.000 puestos de trabajo en 8 años por los recortes y tasas de reposición), destaca que «el manejo de datos confidenciales solo deberían hacerlo funcionarios».
