Cuatrocientos mil euros menos solo en el salario del equipo directivo. Es la cifra que ayer aportó la consellera de Sanidad, Carmen Montón, como ejemplo del «ahorro» que ha supuesto la reversión a la gestión pública del área de salud de la Ribera tras la finalización del contrato con Ribera Salud el pasado 31 de marzo. Preguntada ayer al respecto sobre si, finalmente, la reversión estaba costando más económicamente de lo previsto, la consellera dio esta cifra. «A la empresa se le pagaba 190 millones al año y con ese presupuesto hemos internalizado el trabajo, aumentado la plantilla y hemos hecho una importante inversión», contestó Montón en relación a los 303 nuevos puestos que se van a crear en el área de salud de aquí a final de año (algunos empezaron ya el día 1 de abril) y los 5,7 millones de euros previstos para equipamiento de Atención Primaria y mejora en áreas como Oncología.

Eso sí, el «ahorro» de salarios de este año no será tal ya que ahí no se ha contabilizado la indemnización por despido de los 11 integrantes de la junta directiva. Al respecto de la subrogación del personal del área, ayer se conoció que Sanidad ha enviado a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ el expediente del decreto que lo regula después del recurso interpuesto contra esta norma por el Sindicato Independiente (SI). Cabe recordar que el decreto de subrogación había sido también recurrido por personal de la empresa y por la gestora Ribera Salud y las tres peticiones de paralizarlo habían sido denegadas por el juzgado.

Montón, de nuevo, declinó dar detalles sobre las negociaciones para revertir también Dénia. «Es pronóstico reservado», aseguró, máxime cuando había aspectos de la negociación liderados por la Conselleria de Hacienda como si habrá que compensar a la empresa por el lucro cesante.

Por último, Montón, ha asegurado que «se llegará a tiempo» para dar un servicio completo de resonancias a partir de septiembre cuando acabe el actual contrato con Erescanner en 16 hospitales públicos pese a la suspensión cautelar del contrato para externalizar parte del servicio dictado por el Tribunal de Recursos Contractuales. «No pasa absolutamente nada», ha asegurado. «Se solventarán las cuestiones según nos diga» el Tribunal, aseguró.